En estos días, el Poder Judicial anda promoviendo una idea que, al menos en el papel, suena moderna y hasta práctica: que todas las demandas se presenten de manera electrónica. Con ello se busca agilizar trámites, eliminar burocracias y, según dicen, acercar la justicia a la gente. Pero, como suele pasar en México, lo que parece sencillo y positivo, en la práctica puede tener muchas complicaciones.
Claro que hay beneficios. Imagínese ya no tener que hacer fila en los juzgados ni perder medio día solo para presentar un escrito. Con un sistema digital, los documentos llegan al instante, se ahorra papel, y los abogados pueden consultar en línea cómo va su caso sin necesidad de trasladarse.
Otro punto a favor es la transparencia: en una plataforma digital se puede saber con exactitud quién presentó qué, a qué hora y en qué etapa va el expediente. En teoría, eso dificulta la corrupción y los manejos “en lo oscurito”. Además, el costo para el propio Poder Judicial podría ser menor, lo que también debería reflejarse en un servicio más eficiente.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay un gran detalle que no podemos ignorar: no todos los ciudadanos entienden o tienen acceso a las herramientas digitales. En muchas comunidades de México, todavía hay gente que ni siquiera tiene internet, mucho menos una computadora. Y si hablamos de adultos mayores o personas con poca familiaridad con la tecnología, el problema se agrava.
Entonces, ¿cómo pedirle a una persona que apenas logró imprimir un documento que ahora presente toda su demanda por una plataforma electrónica? En lugar de acercar la justicia, corremos el riesgo de alejarla y hacerla más complicada.
A eso se suma otro tema delicado: la seguridad. Todos sabemos que en México abundan los documentos falsos y las identidades suplantadas. Si en físico ya circulan actas de nacimiento apócrifas o poderes notariales dudosos, ¿qué no podría pasar en el mundo digital? Hackeos, firmas electrónicas clonadas, expedientes manipulados… son escenarios posibles que ponen en riesgo la certeza jurídica.
Y tampoco olvidemos lo que suele ocurrir con otros trámites en línea del gobierno: páginas que no cargan, plataformas saturadas, sistemas que se caen justo cuando más se necesitan. La burocracia puede dejar de estar en el mostrador, pero no necesariamente desaparecer: simplemente se muda a la pantalla.
El gran problema de fondo es que la justicia no puede basarse únicamente en la modernidad tecnológica. Debe adaptarse a la realidad del país. México no es solo las grandes ciudades; también son las comunidades rurales, los pueblos pequeños y las colonias donde la señal de internet apenas llega o no existe.
La justicia debe ser incluyente y comprensible. Si la digitalización se impone de manera obligatoria y sin alternativas, los que menos tienen serán los más afectados. Y eso sería una contradicción enorme: en vez de avanzar hacia un acceso universal, estaríamos creando una justicia de dos niveles: para los que saben de tecnología y para los que no.
Quizá la mejor salida no sea el “todo o nada”. Un modelo mixto sería más sensato: que convivan los juicios en papel con los digitales. De esa forma, quien pueda y quiera usar la vía electrónica, lo haga; y quien no tenga las condiciones, pueda seguir acudiendo al juzgado como siempre.
Además, si de verdad se quiere apostar por la digitalización, tendría que haber programas de capacitación gratuitos, módulos de apoyo para ciudadanos y, sobre todo, plataformas confiables y seguras. De lo contrario, corremos el riesgo de que lo que debería simplificar, termine enredando más.
La tecnología es una gran herramienta, pero no es una varita mágica. Modernizar la justicia no significa únicamente ponerla en línea, sino garantizar que nadie se quede fuera. La justicia no debe ser privilegio de los que tienen internet o saben manejar una computadora; debe ser un derecho accesible para todos, sin importar edad, recursos o nivel educativo.
En resumen, la justicia digital puede ser un avance, pero siempre y cuando se implemente con sensibilidad social, con seguridad y con alternativas para quienes aún no viven en ese mundo digital. Porque de nada sirve tener un sistema más rápido si deja atrás a quienes más lo necesitan, pues la justicia no solo es teoria, es vida cotidiana.
