El reciente asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años en Morelos, ha hecho que el Gobierno federal de México se involucre en las investigaciones. Tacoronte Aguilera estaba participando en un programa de intercambio académico y fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla, mientras realizaba una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó durante su conferencia matutina que el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están colaborando con la Fiscalía General del Estado de Morelos para esclarecer este trágico incidente, que Sheinbaum calificó como un “lamentable homicidio”.
La investigación se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio, diseñado para abordar muertes violentas de mujeres e investigar a fondo las circunstancias y el motivo detrás del crimen. La UAEM ha notificado que ha activado sus protocolos institucionales y que está en contacto con los familiares de Tacoronte Aguilera, trabajando en conjunto con la Universidad de Granada y las autoridades consulares de España. La institución educativa ha exigido que el caso sea tratado de manera inmediata y con una perspectiva de género.
Asimismo, se ha establecido comunicación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Consulado de España para asegurar una atención adecuada y coordinar esfuerzos en lo que respecta a la investigación. La Universidad de Granada ha emitido un comunicado condenando el asesinato, manifestó su “más firme repulsa” y ofreció apoyo a la familia de la joven, además de colaborar con las autoridades competentes.
En memoria de Tacoronte Aguilera, la Universidad de Granada ha convocado un minuto de silencio en sus facultades y centros de trabajo, destacando la conmoción y el pesar que ha causado este suceso en la comunidad académica. Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, lo que añade un sentido de urgencia a las investigaciones.
La situación ha generado una fuerte respuesta de la comunidad educativa tanto en España como en México, reflejando un llamado común a la justicia y a la seguridad para los estudiantes, especialmente para las mujeres que enfrentan riesgos en entornos académicos y sociales.
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