Juzgados especializados en telecomunicaciones

El 1 de junio de 2025 se llevó a cabo un acontecimiento histórico en México: la ciudadanía tuvo la oportunidad de votar directamente para elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como jueces y magistrados de tribunales colegiados, en materias tan cruciales como la competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Esta elección, sin embargo, se vio marcada por un sorprendente abstencionismo: solo el 13% del padrón electoral, es decir, 84,266 mencionados, participó en la elección de los nuevos ministros. Una cifra similar, el 12.92%, fue la que participó en la selección de los jueces de tribunales colegiados.

Más que un simple cambio burocrático, lo que se jugaba era el control sobre el Poder Judicial y la interpretación de la justicia en el país. Esta cuestión plantea un dilema fundamental: ¿la justicia debe basarse en el ideal romano de “dar a cada quien lo que merece”, o debe estar supeditada a la "voluntad del pueblo", reflejada en la votación?

El discurso emergente parece inclinarse hacia una perspectiva populista. Hugo Aguilar Ortiz, quien fue elegido presidente de la SCJN con 6.2 millones de votos (5.3% del electorado), declaró su compromiso de hacer de la Corte un ente cercano a la ciudadanía, sugiriendo un mandato que prioriza la voz del pueblo. Sin embargo, quienes están familiarizados con el sistema de justicia especializado, especialmente en telecomunicaciones y radiodifusión, saben que esta complejidad no puede ser ignorada ni manejada de manera simplista.

Los jueces que asumen estas funciones necesitan habilidades técnicas y un profundo conocimiento en áreas como la ingeniería de redes y regulación económica. El sector de telecomunicaciones se ha caracterizado por su litigiosidad, con informes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que documentan un crecimiento de los litigios desde 405 en 2013 hasta 823 en el primer trimestre de 2023, manteniendo litígios en curso a medida que emergen nuevos desafíos legales.

Los casos que ha atrajo el Poder Judicial abarcan tensiones en temas de interconexión, regulación asimétrica, y conflictos constitucionales, entre otros. Este contexto revela la necesidad de un sistema judicial robusto y que no esté sujeto a las corrientes de la opinión pública para poder manejar las decisiones técnicas requeridas.

La reciente elección judicial pone en relieve un dilema crucial: con una tasa de participación tan baja, es legítimo cuestionar si se puede hablar de “voluntad popular” en un proceso que tiene implicaciones tan profundas para la justicia especializada. El riesgo de un populismo judicial se amplifica si los magistrados, al estar en el ojo público, sienten la presión de emitir sentencias "populares" en vez de decisiones imparciales fundamentadas en la ley y el conocimiento técnico.

A medida que se implementan estos nuevos modelos, es vital que los jueces adopten principios que han caracterizado a la justicia a lo largo de la historia: honestidad, imparcialidad y diligencia, así como un compromiso continuo con la capacitación profesional en campos relevantes. De los 26 candidatos propuestos para los tribunales especializados, solo 14 emergieron respecto a este proceso, ninguno de los cuales obtuvo un respaldo significativo. Esto pone en entredicho la efectividad del "mandato popular".

La posibilidad de que la elección judicial se convierta en una oportunidad para fortalecer la excelencia técnica es evidente, siempre y cuando se respete la independencia judicial y se garantice transparencia en los procesos. Es crucial que el trabajo de los nuevos jueces se evalúe por su capacidad de ofrecer decisiones rápidas y completas, que no solo protejan derechos fundamentales, sino que también restauren la credibilidad del sistema judicial en uno de los sectores más estratégicos del país.

El experimento de la elección judicial, aunque ha traído consigo dificultades, también despierta la urgencia de establecer barreras que aseguren la legitimidad y calidad técnica de las sentencias. Con este fin, es esencial que los nuevos magistrados se enfoquen en la justicia basándose en principios fundamentales, evitando las trampas de las decisiones populistas y asegurando que sus veredictos estén encaminados a proteger el interés público de un sector cuya complejidad no tolera mediocridades.

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