La Alta Comisionada Adjunta de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Kelly Clements, llevaba aproximadamente dos años sin pisar México y se ha encontrado con un país desbordado por las solicitudes de asilo que este año se espera que alcancen niveles récord y que trabaja a contrarreloj para poder procesar a quienes llegan en busca de protección. Con su visita al país, que ha incluido paradas en Tapachula, en la frontera sur; Guanajuato, Ciudad de México y Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, ha concluido este sábado una gira por la que también ha viajado a Honduras y Guatemala. A lo largo de estos días, ha conocido la situación de algunos del cerca del millón de centroamericanos que su organización estima que han sido desplazados por la fuerza en la región.
“En general, en México, hemos visto mejoras, oportunidades pero también hay desafíos hacia adelante”, ha dicho Clements en una entrevista con Columna Digital en la que ha abogado por una solución regional al problema y ha pedido a la comunidad internacional que garantice el derecho de asilo a estas personas. “No le den la espalda a esta región. Es una región con enormes necesidades, pero que también ofrece muchas oportunidades. Si lo hacemos en colaboración, con una perspectiva regional realmente podemos marcar la diferencia en la vida de la gente”, ha dicho.
Pregunta. ¿Qué ha visto en este viaje?
Respuesta. Tengo que decir que empecé la gira en Honduras de manera intencional por ser uno de los promotores del desplazamiento forzado en la región y una de las nacionalidades que más vienen a México o se paran en Guatemala en busca de asilo. Es un país que ha enfrentado una serie de desafíos, incluidos los dos huracanes de noviembre pasado, Eta e Iota, que destruyeron medio millón de hectáreas y dejaron a numerosos desplazados sin forma de subsistencia.
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Por supuesto, la región está enfrentando una pandemia como el resto de países del mundo. Y los factores que generan el desplazamiento no han cambiado en gran medida: la inseguridad, la influencia de las pandillas por el control territorial, el reclutamiento forzoso, las extorsiones o las cuestiones relacionadas con el narcotráfico en otras zonas de la región. Por ejemplo, hemos tenido una conversación desgarradora con una madre de cuatro niños que perdió sus piernas hace diez años tratando de llegar al norte, regresó a Honduras y tenía tanta presión de los narcotraficantes para que hiciera de mula que emprendió el peligroso camino a México con su esposo e hijos de nuevo. Nosotros la encontramos en Tapachula y es algo emblemático. Es gente que está buscando sobrevivir, poner a sus niños en la escuela y reconstruir sus vidas. Pero en el origen hay causas poderosas por las que huyen de la violencia y la persecución. Otra cosa importante que he visto respecto a mi última visita y que me preocupa es el aumento de la violencia de género y sexual. Por ejemplo, los feminicidios han incrementado en El Salvador y Honduras. Hay un aumento en los ataques a mujeres, adolescentes y niñas y también a hombres y niños ahora. Las estadísticas que hemos visto de nuestro equipo en Tapachula y los testimonios que hemos escuchado son muy crudos. Ya no es solo un problema de mujeres. También lo están sufriendo hombres y niños y por miembros de la comunidad LGBTI.
Lo que nuestros equipos han tratado de hacer aquí en el último par de años, en colaboración con el Gobierno mexicano es incrementar la capacidad de COMAR (la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) porque México es cada vez más un país de destino y no solo de tránsito. Y eso ha significado un repunte en las solicitudes de asilo. En 2020, con la pandemia la situación estuvo tranquila, pero las solicitudes están subiendo. Creo que nos dijeron que en abril tuvieron unas 6500 solicitudes de asilo, un gran salto respecto al año pasado. En 2019 hubo cifras récord y esperamos ver algo similar si no más en 2021. Lo que más me sorprende es cómo nuestras contrapartes y socios se han quedado durante la pandemia y han hecho su trabajo. Han seguido viendo el asilo como un servicio esencial que puede salvar vidas.
P. Se prevé que las solicitudes de asilo en México alcancen las 80.000 para finales de año, una cifra récord. ¿Cree que Columna Digital está preparado para esto?
R. Está trabajando a tope para esto, diría en lenguaje coloquial. Creo que necesitan nuestro apoyo, el de la comunidad internacional. Pero no hay otra opción. La gente que huye de zonas en riesgo no tiene otra opción. Hay comunidades que siguen estando ocupadas por las pandillas y otras formas de violencia y amenazas y obviamente México está cumpliendo con su responsabilidad compartida. Pero mientras incrementa su capacidad de asilo, necesita la ayuda de la comunidad internacional. Estamos hablando con otros países, incluyendo España, Canadá y Estados Unidos, para que aumenten con el apoyo que pueden proveer, no solo en términos económicos pero también para apoyar a individuos que necesiten protección internacional a través de reasentamientos u otras medidas humanitarias.
España acaba de anunciar que celebrará un evento solidario el 10 de junio paralelamente a la cumbre de alto nivel del SICA [Sistema de la Integración Centroamericana]. Será una oportunidad importante para, de nuevo, ofrecer apoyo adicional a México y otros países en su intento por proteger la vida de mucha gente que está huyendo.
P. Estados Unidos ha insistido en que combatir la corrupción y la impunidad en América Central es fundamental para atacar las causas de la migración. Pero solo unos días después de que el enviado de Joe Biden visitara la región, el Congreso de Guatemala rechazó juramentar a la presidenta de la Corte Constitucional, conocida por su lucha anticorrupción, y en El Salvador Nayib Bukele continúa llevando Columna Digital en una dirección autoritaria. ¿Usted cree que estas acciones tienen un efecto en la migración?
R. Nosotros estamos de acuerdo con el enfoque estadounidense y con la aproximación de esta administración de Estados Unidos de no atajar solo las necesidades humanitarias en la región, aunque definitivamente están ayudando a poner el foco en esas preocupaciones después de los huracanes y las necesidades que han surgido de vivienda, inseguridad alimentaria y de ese tipo. Pero, como usted menciona, también está la gobernabilidad y el estado de derecho. Hay muchos factores que provocan el movimiento de personas y, si no los haces frente a todos en su conjunto, va a ser difícil tener éxito en la estabilización [de los países], lo que permitiría a la gente quedarse en sus comunidades de manera segura, conseguir una forma de sustento, llevar a sus hijos a la escuela… Es algo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con esos países.
Ahora, por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno de El Salvador en temas relacionados con el desplazamiento interno. A finales de 2019 aprobaron una ley importante relacionada con eso. Nos gustaría, por supuesto, ver que después se establecen los marcos legales que permitan implementar los servicios que requieren las personas que son desplazadas de sus casas dentro de El Salvador. Es algo a lo que el Gobierno se ha comprometido. Tenemos fuertes vínculos de debate y colaboración con ellos y por supuesto la gobernanza es uno de los componentes de esas conversaciones.
En Guatemala, la situación es diferente. Es país de origen, en el sentido de que tiene desplazamiento por parte de algunas comunidades, pero también es un país de tránsito y cada vez más de recepción de asilados. De hecho, el último año se registró un aumento del 88% en el número de solicitudes de asilo. En Ciudad de Guatemala hablamos con una familia de El Salvador que había recibido el estatus de refugiada hace un par de meses. Los dos miembros de la familia con los que hablamos ya estaban trabajando y ganándose la vida y su hijo estaba en la escuela.
Pero sin una estrategia que contemple no solo las protecciones humanitarias inmediatas y de ayuda, sino el desarrollo en general, con las razones subyacentes que hacen que la gente se vaya —que, como acabamos de hablar son cuestiones complicadas, como la pobreza, las cuestiones climáticas, la persecución, la inseguridad… —; todas son parte de una ecuación y, si no lidias con todas ellas, no vas a ver una manera sostenible de estabilizar la región.
P. En la frontera norte de México, miles de migrantes han sido expulsados de manera exprés por EE UU y muchos de ellos se han quedado varados en peligrosas ciudades fronterizas. En Reynosa, cientos de migrantes sobreviven en un campamento, con miedo a ser secuestrados o extorsionados por los cárteles, a 90 kilómetros de Matamoros, donde Biden desmanteló hace poco más de dos meses otro campamento. ¿Qué deberían hacer México y EE UU para acabar con eso de una vez?
R. Sí, los campamentos no son la solución. Como dice, no son áreas seguras en las que identificar quiénes necesitan seguridad internacional y se pone a la gente en peligro sin necesidad. Por supuesto, al principio de esta administración aplaudimos el compromiso para acabar con los Protocolos de Protección de Migrantes y ayudamos a poner en marcha, con la ayuda de EE UU y México, una manera para atender esos casos, muchos de los cuales estaban ahí, en zonas fronterizas esperando.
Hace unas semanas estuve en San Diego y estuvimos viendo en el otro lado, el estadounidense, cómo los están procesando. Hemos visto un enorme progreso en cuanto al número de personas registradas y que han pasado. Creo que estamos en unas 17.000 y ha sido un proceso muy ordenado para identificar y procesar a quienes necesitan protección internacional. Es algo en lo que estamos colaborando de cerca con México y Estados Unidos.
Ese es el tipo de modelo que deberíamos usar en los esfuerzos que Estados Unidos está tratando de poner en su sistema de asilo para poder analizar los casos que requieren de protección internacional y para poder tener acceso a la frontera de EE UU y a territorio estadounidense. Definitivamente es algo que veríamos con buenos ojos y sabemos que están tomando los pasos necesarios para ello. Y obviamente, hasta entonces, no recomendaríamos que la gente pase tiempo en la frontera esperando, sino que sean parte de un proceso y un sistema formal por el que podamos escuchar sus casos y encargarnos de ellos de forma que se protejan sus vidas y hacer lo que sea mejor para sus intereses y los de la seguridad en la región.
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