La Justicia se ha convertido en el nuevo caballito de batalla de una Argentina polarizada. En el primer día del año judicial después del receso de enero, miles de kirchneristas se han movilizado este martes frente al Palacio de Tribunales para solicitar la democratización de la Justicia y la dimisión de los cuatro integrantes de la Corte Suprema. Los acusan de defender sus privilegios y los de los poderosos en vez de proteger los intereses del pueblo. El jueves, en el mismo lugar, hay convocada una manifestación para defender a la Justicia de lo que es percibido por la oposición como “un atropello del Gobierno al Poder Judicial”.
En un momento convulso como el que atraviesa Argentina —con una inflación desbocada (50,9% en 2021) y una deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI que ha debido reestructurar ante la imposibilidad de pagarla— sorprende que los focos se desvíen hacia la Justicia, aunque sea de forma temporal. Las reivindicaciones callejeras difícilmente tendrán consecuencias en los tribunales. El Gobierno de Alberto Fernández no tiene los votos suficientes en el Congreso para imponer ninguna reforma judicial. Tampoco los tiene para designar al quinto integrante del máximo tribunal, vacante desde el pasado octubre, cuando renunció Elena Highton y dejó a la Corte sin ninguna mujer.
La movilización fue impulsada por movimientos sociales y sindicatos afines al kirchnerismo
[una de las corrientes políticas dentro de la coalición gobernante Frente de Todos] y tuvo el respaldo del Gobierno. “Hay que entender que, en una república, cada poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo en decretos, el Poder Legislativo en leyes y el Poder Judicial en sentencias”, dijo el presidente Fernández el lunes, al ser consultado en una entrevista por la convocatoria a la marcha. “Todos estos son actos de gobierno y, como tales, son públicos. Y, como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número ‘x’ de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que los actos de Gobierno no se están adecuando a la Justicia. Nadie tiene que molestarse con eso. Es más, tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”, agregó.
El juez Juan Ramos Padilla fue el orador principal y arremetió con dureza contra los integrantes de la Corte Suprema. “Algunos les dicen supremos. Yo les digo atorrantes. Son delincuentes con toga”, dijo Ramos Padilla desde el escenario mientras el público coreaba: “Que se vayan, que se vayan”. “¿Qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros? ¿Cuándo van a comer con el pueblo? ¿Cuándo van a comer con Milagro Sala? ”, lanzó al aire el juez, abiertamente kirchnerista.
La oposición condenó con dureza la manifestación
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, escribió en Twitter: “La convocatoria a una marcha contra la Corte Suprema es un hecho de enorme gravedad institucional que repudio absolutamente. Espero que el Gobierno Nacional corrija el rumbo, garantice la división de poderes y siga los caminos que marca la Constitución”. Rodríguez Larreta es uno de los integrantes de la alianza opositora Juntos por el Cambio con aspiraciones presidenciales.
Pese a las diferencias, Gobierno, oposición y ciudadanía coinciden en una demanda: la independencia del Poder Judicial. Siete de cada diez argentinos creen que los jueces no son independientes, sino que responden a los intereses del Gobierno de turno y de los grupos económicos. Unos y otros tienen argumentos para mostrar. En 2015, a dos semanas de asumir como presidente, la Justicia argentina revocó el procesamiento de Mauricio Macri en una causa por escuchas telefónicas ilegales; en otro fallo ratificó su sobreseimiento en una causa por agresiones de agentes municipales.
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