La Administración de Joe Biden ha presentado este jueves una demanda contra la nueva ley electoral de Texas aprobada el pasado mes de septiembre por las restricciones que impone al voto. La demanda sostiene que el requisito de la identificación para votar por correo y la limitación para acceder a las urnas de las personas con limitaciones físicas violan la Ley de Derechos Electorales y la Ley de Derechos Civiles de 1964. La norma que firmó el Gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, priva del derecho a votar a personas mayores, con discapacidades o que no hablan inglés.
“Nuestra democracia depende del derecho de los votantes a emitir su voto y a que sea contado”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a través de un comunicado. “El Departamento de Justicia seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger este pilar fundamental de nuestra sociedad”. Cuando se aprobó la legislación, el presidente Joe Biden la calificó como “un ataque a la democracia”.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia
Llega en un momento en el que la Casa Blanca y los demócratas del Congreso enfrentan una gran presión para contrarrestar una de los mayores asaltos al derecho al voto en generaciones, con 19 Estados en manos de los republicanos que han aprobado al menos 33 leyes que suponen una barrera para el proceso de sufragio desde las pasadas elecciones presidenciales de 2020.
A pesar de que los demócratas del Capitolio de Texas lograron bloquear temporalmente la restrictiva legislación, llegando a abandonar el Estado y trasladándose a Washington, dejando estancado el gobierno estatal durante 38 días, el Partido Demócrata se ha mostrado incapaz de aprovechar la actual mayoría en ambas cámaras del Congreso para sacar adelante una norma federal que siente unas bases para toda la nación.
El endurecimiento de las leyes de votación
Impulsado por los republicanos tiene los ojos puestos en las legislativas de 2022. Cuando habrá que renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 puestos en el Senado, ahora en manos demócratas y que los republicanos aspiran a arrebatar entonces.
La población de Texas ha aumentado en más de cuatro millones en la última década, un incremento superior al de cualquier otro Estado. Las personas que no se identifican como blancas representan más de nueve de cada 10 nuevos residentes. Este grupo demográfico suele favorecer a los demócratas en las urnas.
Tanto el gobernador Abbot como los republicanos del Estado sureño se sumaron a la corriente restrictiva del voto nacida al calor de las denuncias de fraude electoral efectuadas por Donald Trump durante los comicios de 2020. “Biden va contra Texas por la SB1, nuestra recién promulgada ley de integridad electoral”, dijo el fiscal general de ese Estado, Ken Paxton, en un comunicado. “Es una gran iniciativa y sumamente necesaria. Garantizar que Texas tenga elecciones seguras y transparentes es una de mis máximas prioridades”, prosigue el fiscal general, quien acaba su redacción asegurando que llevará al presidente de EE UU ante la justicia. “¡Lo veré en la corte, Biden!”.
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