El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la agenda energética un eje central de su proyecto político. El paquete de reformas aprobado por el Congreso entre marzo y abril cambia las reglas del juego del sistema eléctrico y en el sector de los hidrocarburos con el fin de devolver el control del mercado a dos empresas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la petrolera Pemex. Las dos iniciativas, sin embargo, quedaron atascadas en los tribunales por los recursos interpuestos por unas compañías privadas perjudicadas. El plan, que de facto no ha entrado en vigor, se encuentra en un limbo, pero ya ha tenido repercusiones al sembrar incertidumbre sobre el futuro y desincentivar la inversión.
El estancamiento llevó esta semana al mandatario a fijar prioridades: lo más importante es la nueva ley eléctrica, incluso por encima del petróleo. López Obrador está a punto de llegar al ecuador de su mandato y quiere dejar una huella en el sistema productivo mexicano. Las razones que le mueven tienen poco que ver con la economía o la eficiencia y son eminentemente políticas. Él mismo lo ha reconocido. Lo que subyace a este proyecto es la misma consigna que vertebra todo su programa, “primero los pobres”, que en este caso significa abaratar la factura de la luz. Para hacerlo y desatascar la reforma necesita, no obstante, modificar la Constitución. Y aquí es donde su agenda se complica.
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“No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares. No, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la CFE y el 46% a particulares”, ha asegurado López Obrador. Una cuota más que suficiente para enterrar el modelo existente y dar paso a una renacionalización parcial. El nuevo sistema, si se llega a implantar, impedirá que las plantas más eficientes y limpias, esto es, las centrales de energías renovables de compañías privadas, tengan la prioridad para subir electricidad a la red. La preferencia será de la CFE, cuyas instalaciones son más obsoletas. A eso se añade la repercusión económica. La Secretaría de Economía del Gobierno cifra las inversiones privadas en el sector en 17.675 millones de dólares “por concepto de generación, transmisión y distribución” desde la aprobación de la última reforma, hace ocho años, bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.
El consultor David Shields señala que “el objetivo es un tanto vengativo”. “O sea, López Obrador quiere fastidiar a las empresas privadas que tienen contratos comprometidos de años atrás para la generación eléctrica”, apunta este experto en energía con décadas de experiencia en el mercado mexicano. “Él siente que la CFE está perdiendo el monopolio y quiere pasar a la historia como los presidentes que marcaron el camino de las nacionalizaciones”. El discurso del actual mandatario está lleno, en efecto, de referencias a Lázaro Cárdenas, que hace casi un siglo expropió la industria petrolera, y Adolfo López Mateos, que décadas después nacionalizó el sector eléctrico.
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Lo más preocupante en estos momentos, sin embargo, es que todo está parado. “Ningún proyecto va hacia adelante, ni los proyectos de la CFE ni los de los privados”, recuerda Shields. El abogado Leopoldo Olavarría, del despacho Norton Rose Fulbright, advierte además de que el supuesto ahorro defendido por López Obrador es un espejismo. “El efecto último va a ser que los consumidores de energía mexicanos van a terminar pagando más por el suministro de energía, bien sean las industrias, bien sean el sector residencial o el turístico”. Según esta tesis, aunque los subsidios abaratan las tarifas de los pequeños consumidores, los industriales ven aumentados sus costos, lo que en última instancia repercute en la población.
