Colombia ha vivido una desilusión persistente en torno a la paz desde la firma de los acuerdos de La Habana con las FARC. A pesar de la esperanza que surgió tras estos acuerdos, la realidad ha sido distinta: la violencia no solo continúa, sino que se ha intensificado. Bajo el gobierno de Iván Duque, sucesor de Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz, los homicidios no han cesado y la extorsión se ha propagado por amplias regiones del país.
La escena del parque El Golfito en Bogotá, un espacio en el que familias disfrutan de un día soleado, contrasta profundamente con la presencia de un altar dedicado a Miguel Uribe Turbay. Este joven político fue asesinado por disidentes de las FARC hace menos de un año, un recordatorio sombrío de la realidad colombiana que persiste en medio de rutinas cotidianas.
Gustavo Dunacan, profesor de Economía Política del Crimen Organizado en la Universidad EAFIT de Medellín, subraya la falta de estrategias efectivas de los gobiernos recientes, que no dirigieron su atención hacia los mandos medios de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta carencia ha contribuido al surgimiento de grupos disidentes y del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que han dado un nuevo aliento a la violencia.
Eduardo Pizarro, académico de la Universidad Nacional de Colombia y ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, enfatiza el papel crucial de estos mandos medios. Son ellos quienes, con un conocimiento detallado del terreno y una comprensión de las redes delictivas, han facilitado la continuidad de la violencia a través del reclutamiento y la financiación de nuevas incorporaciones.
Este contexto se precipita en un año electoral, donde el tema de la seguridad se ha vuelto central en las boletas. Este domingo, los colombianos se enfrentarán a una elección marcada por la polarización de propuestas. Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y aliado del actual presidente Gustavo Petro, aboga por una continuidad en las políticas de seguridad, promoviendo su visión de una “Paz Total”.
Sin embargo, las negociaciones de Petro con múltiples grupos criminales, incluidas las disidencias de las FARC y el ELN, han resultado fallidas. Críticos, entre ellos Pizarro, sugieren que el estilo personalista y el discurso que exacerba tensiones sociales han erosionado las esperanzas de alcanzar una verdadera paz.
Por otro lado, Abelardo de la Espriella se presenta como un candidato de mano dura; promete actuar con firmeza contra las disidencias: “o se alinean con la autoridad o serán bombardeados”. Este enfoque podría atraer a electores cansados de la violencia, pero plantea serias dudas sobre las implicaciones que tendría para los derechos humanos en la región.
El Golfito ha cambiado drásticamente desde el 11 de agosto del año pasado. Rodeado de un entorno de clase media y con el murmullo frecuente del tráfico aéreo del aeropuerto internacional El Dorado, se ha convertido en un símbolo de la compleja realidad colombiana. La frase de Gabriel García Márquez resuena aún en este contexto: “Cada colombiano es un país enemigo”, subrayando la división existente en la sociedad.
La situación en Colombia sigue siendo crítica y la lucha por la paz, un desafío que requiere un enfoque renovado y comprometido por parte de las autoridades. Mientras se acerca una nueva cita electoral, los ciudadanos esperan propuestas efectivas que garanticen su seguridad y bienestar.
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