En las ciudades turísticas de Mazatlán y Puerto Vallarta, la realidad de muchas familias se ha convertido en una pesadilla. La desaparición de jóvenes se ha vuelto una constante en estas regiones, donde el crimen organizado está reclutando a muchos de ellos forzosamente. Este fenómeno ha devastado a las familias que buscan a sus seres queridos, lidiando con el miedo, la incertidumbre y, en muchos casos, la colusión de las autoridades.
Desde hace más de un año, Rosalba Cruz vive un calvario tras la desaparición de su hijo en Mazatlán. La Fiscalía le relató que jóvenes como él eran capturados y forzados a trabajar para las organizaciones criminales, a menudo en condiciones de tortura. “Los tienen amarrados, cavando pozos, torturados… A otros los matan”, relata, esencia del dolor que sienten muchas madres en la región.
El fenómeno de las desapariciones se ha intensificado en Sinaloa y Jalisco, con más de 20,000 casos reportados en estos estados en los últimos 15 años. Aunque el Gobierno contabiliza573 personas desaparecidas desde 2010 en Puerto Vallarta y 1,630 en Mazatlán, la realidad podría ser mucho más grave. Las familias temen que sus hijos sean obligados a unirse a las filas del crimen organizado, en una dinámica que parece perpetuarse. Emma Alvarado, cuyo hijo desapareció en 2020, señala que este reclutamiento forzado está en aumento, reflejando la desesperación del crimen por mantener su “mano de obra”.
Mazatlán y Puerto Vallarta, además de ser destinos turísticos, son puntos estratégicos para el tráfico de drogas. Las sierra circundantes, que ocultan laboratorios y campamentos, se han convertido en lugares de captación para los carteles. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa compiten por el control territorial, recrudeciendo la violencia y las captaciones. Según cálculos realizados por el científico Rafael Prieto, se estima que aproximadamente 183,000 personas están vinculadas al crimen organizado en México, con una cifra alarmante de 300 nuevos reclutas por semana.
En un devastador eco de estos números, el 22 de septiembre de 2024, un grupo armado irrumpió en un centro de rehabilitación en Mazatlán y secuestró a varios jóvenes, provocando conmoción entre las familias que ya vivían el horror de buscar a sus desaparecidos. La historia de Filiberto Nolasco, desaparecido por una patrulla policial hace dos años, ejemplifica esta angustia. Su esposa ha luchado incansablemente por hacer que las autoridades reconozcan la situación de su esposo, quien, según varias pruebas y testimonios, es víctima del crimen organizado.
En uno de los episodios más oscuros, la madre de un joven desaparecido, Rogelia Coatzin, compartió que las autoridades le aseguraron que su hijo estaba vivo, solo para enfrentarse después a la cruel realidad de fosas clandestinas descubiertas en la región. La incredulidad y la esperanza se entrelazan en las historias de estas familias, que a menudo enfrentan la negativa de las autoridades a investigar y ayudar en sus búsquedas.
Pese a estos desafíos, la comunidad se une en esperanza. Grupos como “Una luz para nuestros desaparecidos” se han formado para visibilizar las desapariciones y buscar justicia. La lucha por hallar a los desaparecidos se convierte en un acto de resistencia frente a un sistema que, en ocasiones, parece estar de lado del crimen.
El camino hacia la verdad y la justicia es incierto, pero el clamor de las familias y sus historias resuena fuerte en Mazatlán y Puerto Vallarta, en medio del terror y el deseo de volver a encontrar a aquellos que han sido arrancados de sus vidas. Las desapariciones forzosas han evolucionado en un mecanismo de control social, pero las familias continúan buscando respuestas, aferrándose a la esperanza de que, algún día, sus seres queridos regresen a casa.
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