La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado el proceso para la ejecución de la sentencia de la pieza política de los ERE, por la que se condenó a 15 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía —entre ellos, dos expresidentes y cuatro exconsejeros―. Se trata de un trámite en el que se da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas, entre ellas la del PP, de los escritos presentados por las defensas para solicitar la suspensión de la ejecución de las penas de prisión mientras se tramitan los indultos presentados. El escrito pone en marcha el mecanismo para que el expresidente José Antonio Griñán ingrese en prisión en caso de que el Gobierno no le conceda la medida de gracia.
La sentencia que dictó la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2018 fue ratificada por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio, son dos votos particulares. Los nueve ex altos cargos condenados a penas de prisión por malversación, entre ellos el expresidente Griñán, sobre el que pesan seis años de cárcel, solicitaron el indulto, una medida de gracia que también tiene que valorar el tribunal de la Audiencia de Sevilla. La defensa del antiguo dirigente socialista también presentó un incidente de nulidad ante el Tribunal Constitucional, como paso previo al recurso de amparo.
Además de la Fiscalía, el resto de las acusaciones personadas también deberán dar su parecer sobre el ingreso en prisión de Griñán y el resto de los ex altos cargos condenados. El PP, que ejerce de acusación particular, deberá manifestarse sobre la petición de suspensión de la ejecución de la pena del antiguo presidente de la Junta. Este diario ha preguntado por su posición al respecto, pero aún no ha recibido respuesta.
Cuando se conoció la confirmación de la sentencia, fuentes cercanas a la dirección del PP, señalaron que no tenían intención de solicitar la entrada inmediata en la cárcel del exdirigente socialista para intensificar el desgaste del PSOE a cuenta de los ERE con las tramitaciones de los indultos.
El tribunal también ha requerido a los otros seis antiguos cargos de la Junta condenados solo por prevaricación a penas de inhabilitación absoluta, entre ellos el expresidente Manuel Chaves (nueve años), para el cumplimiento de esta pena. En esta situación se encuentran también José Salgueiro, Magdalena Álvarez, Jacinto Cañete, Gaspar Zarrías y Antonio Vicente Lozano.
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