La Audiencia de Valencia ha avalado la instrucción del caso Erial, que afecta al que fuera presidente de la Generalitat valenciana entre 1995 y 2002, Eduardo Zaplana, del PP, y ha rechazado los recursos presentados por algunas defensas de la veintena de investigados por el supuesto cobro de comisiones en las adjudicaciones del plan eólico y en la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El respaldo de la Audiencia al último auto de la titular del juzgado número 8 de instrucción es un paso decisivo en la apertura de juicio oral. La Fisicalía Anticorrupción pide 19 años para el que fuera también ministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar, entre 2002 y 2004.
La sección quinta de la Audiencia considera que el auto recurrido contiene “detalle suficiente” de los hechos para continuar con el procedimiento en la vista oral, en la que se deberán resolver algunas de las cuestiones y nulidades planteadas por las defensas, según ha adelantado el diario Las Provincias. En definitiva, que existen inidicios criminales suficientes recopilados por la instrucción y la fiscalía para que la propia Audiencia abra juicio oral. El nuevo auto fue notificado este lunes a las partes.
La juez procesó a Zaplana tras detectar compras que la investigación identificó como realizadas con el dinero ilícito procedente de las comisiones. Además de varios inmuebles, había dinero en metálico que llegaba al exministro por distintas vías. Por ello, Anticorrupción pide el decomiso de 20,6 millones de euros que son los que los investigadores calcularon como movilizados por la organización a la que le achaca también el delito de grupo criminal. De hecho, la confesión de uno de los presuntos testaferros de Zaplana, Fernando Belhot, permitió que se recuperaran más de seis millones de euros que fueron entregados al juzgado.
La hoja de ruta que trazó la trama para cobrar comisiones fue hallada en manos de Marcos Benavent, que se autodenominó el yonqui del dinero. A este individuo le fue entregado por un empresario sirio que vivió alquilado en el mismo piso que lo había hecho Zaplana y que, según dijo, la encontró casualmente. El expresidente de la Generalitat siempre ha cuestionado el inicio de las diligencias con este hallazgo.
Además de Zaplana, al que la juez le imputa los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa, se sentará en el banquillo otro expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel. Junto a los dos expresidentes, ambos del PP, se sentarán en el banquillo un supuesto testaferro de Zaplana, Miguel Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, la secretaria del exministro de Trabajo, Mitsouko Henríquez, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, y los hermanos empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, familia del exdirector general de la Policía Juan Cotino, entre otros.
Tras el auto de la juez de instrucción y el escrito de acusación de Anticorrupción conocido el 10 de octubre, Zaplana reiteró su inocencia y señaló que espera demostrarla en el juicio “tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial”.
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