La Audiencia Nacional se verá abocada a cambiar el tribunal elegido para juzgar la pieza separada número 2 del caso Púnica, centrada en los presuntos negocios urdidos por la trama en la Diputación de León. Según ha informado la Sala de lo Penal en un escrito fechado este 29 de octubre, al que tuvo acceso Columna Digital, la terna de magistrados seleccionados para enjuiciar esta línea de investigación incluye a Concepción Espejel y Ramón Sáez Valcárcel. Pero, según el pacto sellado entre el Gobierno y el PP, ambos han sido propuestos ya para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional, al que se incorporarán después de que el Congreso apruebe su nombramiento.
La renovación del tribunal de garantías comenzará a notarse de inmediato en la Audiencia Nacional. La salida de Espejel y Sáez afectará sobre todo a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, a la que ambos pertenecen; supondrá a corto plazo la reducción del número de magistrados disponibles para formar tribunales; y obligará a rehacer los que los hayan incluido. Según fuentes jurídicas, este déficit se cubrirá con el traslado de jueces adscritos como refuerzo a alguna de las otras tres secciones que componen el órgano judicial. Espejel ocupa también el cargo de presidenta de la Sala de lo Penal y de la Sección Primera, que pasarán a ejercer en funciones sus compañeros Alfonso Guevara y Francisco Javier Vieira, respectivamente, al ser los magistrados con más antigüedad. Además, el puesto de la jueza quedará vacante sine die, ya que no se puede nombrar su sustituto hasta que se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Púnica será una de las causas afectadas. Un macrosumario al que aún le queda mucho recorrido. De las 13 piezas en las que se dividió, solo una ha sido juzgada: la que condenó al exconsejero Francisco Granados a dos años de cárcel por recibir el chivatazo de un guardia civil de que estaba siendo investigado. De hecho, el magistrado Ramón Sáez formó parte de ese tribunal y se ocupó de redactar la primera resolución que sentenció a prisión a Granados, uno de los antiguos hombres de confianza de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.
De las 12 líneas de investigación restantes de Púnica, la pieza centrada en la Diputación de León fue la segunda en darse por concluida. El Juzgado Central de Instrucción número 6 la envió a juicio en 2018, pero la vista aún no se ha celebrado. En total, seis personas se encuentran acusadas. Entre ellas, dos excargos públicos del PP: el expresidente de la Diputación de León y actualmente alcalde independiente del municipio de Cuadros, Marcos Martínez Barazón; y el regidor de la localidad de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, que fue expulsado del partido tras su imputación. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos ocho y siete años de prisión, respectivamente. En el banquillo los acompañarán el exinterventor de la Diputación, Manuel Jesús López; y tres supuestos integrantes de la red de corrupción, el informático Alejandro de Pedro; su socio y exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa; y una empleada del primero, Guadalupe Carrascosa.
Respecto a las otras 11 piezas, el juez instructor ya dio por acabadas las pesquisas de cinco, pero solo se ha enviado la relativa a las irregularidades de la trama en Murcia. El magistrado mantiene todavía vivas las otras seis líneas de investigación, incluida la relacionada con la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, recientemente prorrogada otros tres meses.
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