“Visto el actual estado de la causa, no procede acordar la prórroga”, resume Santiago Pedraz en su escrito de este 22 de julio, donde añade: “Sin perjuicio de la práctica y la recepción de las diligencias ya acordadas”. Es decir, el juez concreta que las peticiones de información e informes a la policía que se solicitasen antes de emitirse este auto podrán incorporarse al caso y utilizarse en un futuro juicio. Varias acusaciones populares, como Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), habían pedido que se prolongara seis meses más la instrucción.
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Las pesquisas de los papeles de Bárcenas han sufrido multitud de vaivenes desde su apertura en marzo de 2013 como una línea de investigación del caso Gürtel, bautizada dentro del macrosumario como pieza separada Udef-Bla. El magistrado Pablo Ruz, entonces responsable del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, asumió la instrucción tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía que vinculaba la contabilidad secreta del extesorero popular con la trama liderada por Francisco Correa, que cerca al PP desde 2009 y que ya se ha saldado con la condena del partido por beneficiarse de la red de corrupción.
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Pero hasta llegar a ese punto se tuvo que recorrer un largo camino. En 2015, ante las dificultades para conectar las donaciones con adjudicaciones concretas —un dato clave para las imputaciones de cohecho—, el juez Ruz tomó una decisión importante. El magistrado dio por finalizada la instrucción por primera vez con una doble medida dentro de la pieza separada Udef-Bla. Por un lado, dio carpetazo a la línea de las pesquisas sobre las donaciones de empresarios, aunque consideró veraces estas entregas de dinero. Y, por otro, envió a juicio la parte de la investigación que versaba sobre la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, que se ha juzgado este año y que se encuentra pendiente de sentencia.
