Parásitos, película ganadora del Oscar en 2019, atrajo a un público global por su fascinante retrato de la tremenda desigualdad económica en Corea del Sur. Su representación de la creciente sensación de alienación de un hogar de bajos ingresos tuvo una amplia resonancia, sin duda debido a que sentimientos similares son palpables en muchos otros países. Y la brecha entre ricos y pobres está aumentando por los dobles desafíos del covid y el cambio climático.
Los pobres padecen más los tiempos de crisis porque carecen del capital social que protege a quienes están mejor preparados. Parafraseando a Martin Luther King Jr., el arco de la desigualdad se inclina hacia una mayor desigualdad. Por eso es imperativo que las autoridades enfrenten la creciente brecha entre ricos y pobres y diseñen redes de seguridad para quienes más las necesitan.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que da seguimiento a medidas no relacionadas con el ingreso como educación, salud y estándares de vida, es una herramienta esencial para mapear la dimensión del problema. Malasia, mi país, se unió en 2013 a la red global de naciones que lo usan, tras años de usar métodos caducos para medir la pobreza. En 2019, una dura crítica por el entonces Relator Especial de la ONU sobre extrema Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, finalmente llevó a que el gobierno revisara su definición.
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El IPM sigue desempeñando un papel en la respuesta de Malasia a la desigualdad del ingreso. En abril de 2021, Fatimah Kari, profesora de economía especializada en pobreza en la Universidad de Malaya, condujo un estudio sobre la pobreza multidimensional entre el 40% inferior de la población en términos de ingresos en mi distrito electoral de Permatang Pauh, en Penang. El objetivo era reflejar el impacto de la pandemia en hogares empobrecidos.
Junto con los índices habituales, el estudio evaluó la pérdida de ingreso debida a la pandemia, el acceso relativo a la educación en línea para los menores de edad y el bienestar general en el contexto del confinamiento durante las cuarentenas. El proyecto piloto apuntaba a probar un prototipo “ajustado a la covid” para medir la pobreza que pudiera ser adoptado por el gobierno federal de Malasia a nivel nacional.
Seis meses más tarde, Mustapa Mohamed, uno de los ministros del Departamento de Asuntos Económicos del Primer Ministro, anunció la intención del gobierno de reformular la metodología del IPM nacional en respuesta al estudio. La nueva metodología complementaría el diseño de programas de redes de seguridad más sólidas, lo que fue bienvenido por los legisladores que habían estado instando al gobierno a usar el IPM para comprender y satisfacer las necesidades de los hogares de menores ingresos.
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Además, fue un cambio oportuno: aparte de las dificultades económicas causadas por la pandemia, el país ha sido devastado por fuertes lluvias. Las autoridades una y otra vez se han referido a las recientes inundaciones como un fenómeno que ocurre una vez por siglo, pero la última mayor inundación ocurrió hace apenas ocho años, desplazando a casi 300.000 personas. Se estima que el último desastre afectó a 80.000 personas en nueve estados.
Inmediatamente después, las ONG y grupos comunitarios se implicaron en los esfuerzos de organización y distribución de ayuda. Malayos comunes y corrientes arriesgaron sus vidas para rescatar a víctimas atrapadas en las áreas más afectadas, en contraste con la relativa falta de preparación del gobierno.
La actual administración ha recurrido a planes de ayuda rápida para amortiguar el impacto de la pandemia, con profundas consecuencias para el presupuesto total. Un programa permite a los ciudadanos retirar fondos tempranamente de sus ahorros previsionales. Se estima que un total de RM 101.000 millones (21.200 millones de euros) han sido retirados del Fondo Previsional para Empleados (FPE) de Malasia. Hoy, más de seis millones de sus miembros tienen menos de RM 10.000 (2.100 euros) en sus cuentas de FPE, de los cuales más de la mitad tienen menos de RM 1.000 (210 euros).
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De hecho, cerca del 22% del total del estímulo económico frente a la pandemia consistió en retiros de los malayos de sus propios fondos de pensiones. Sin embargo, ya que para 2030 se espera que más de un 15% de la población del país tenga más de 60 años, el programa está condenado al fracaso. Entre sus principales partidarios se encuentra el derrocado ex primer ministro Nabij Razak, cuya condena por corrupción el año pasado no le ha impedido publicar descarados anuncios en Facebook que animan a los jubilados con dificultades económicas a vaciar más todavía sus ahorros.
A medida que Malasia intenta recuperarse de la pandemia y las inundaciones, tiene la oportunidad de adoptar políticas eficaces para mejorar los niveles de vida de las comunidades vulnerables. El desarrollo de un IPM realista es un primer paso necesario, ya que permitiría al gobierno comprender en detalle los principales retos –como la falta de higienización y acceso a agua potable, y cobertura de internet para la educación en línea– que enfrentan los malayos más pobres.
Los estudios de IPM bien diseñados pueden llamar la atención de las autoridades sobre estas importantes facetas de las vidas de la gente, además de medir la brecha general entre los más ricos y los más pobres. Con este conocimiento, los gobiernos, incluido el de Malasia, pueden comenzar a mitigar las tensiones sociales que Parásitos mostró con tanta brillantez.
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