Roberto Sandoval se ha convertido el pasado 6 de junio en el más reciente icono de la lucha contra la corrupción. Las autoridades mexicanas le han apresado después de tres meses prófugo por tres causas judiciales en su contra y un extenso repertorio de señalamientos. El último gran cacique de Nayarit, que gobernó entre 2011 y 2017. Fue parte a inicios de esta década de la generación de gobernadores del “nuevo PRI”. Que quedó registrada en una foto junto al expresidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión. Llegaban con la promesa de cambiar al país, pero una decena de ellos terminaron enredados en acusaciones de corrupción y perseguidos por la justicia.
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“Está muy deteriorado en su salud, sobre todo en su claridad mental”, comenta su abogado, José Luis Nassar Daw, a este periódico. Sandoval pasa sus días en el penal de Tepic. La misma ciudad que alguna vez vivió bajo la sombra del terror impuesto durante su Gobierno. Al fiscal de Nayarit de aquellos años le apodaban el Diablo, y la gente temía su aparición como le temía al narco. Edgar Veytia, quien además era el jefe de la policía, instauró bajo la protección del exgobernador un reino de secuestro, despojo y extorsión a manos de las propias autoridades. Fue condenado en Estados Unidos por tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana, y vinculado al Cartel de los Beltrán-Leyva, a través de su brazo armado conocido como Los Haches.
Desde entonces, Sandoval se ha visto envuelto en acusaciones que rodean las preguntas sobre cuánto conocía y aceptaba el horror que arreciaba el pequeño Estado enclavado en un paraíso del Pacífico. Pese a que más de 170 organizaciones de derechos humanos han intentado probar su responsabilidad en las desapariciones forzadas de aquella época, ninguna de las investigaciones abiertas atiende ese tema.
Una de las causas estatales que enfrenta Sandoval es por Programa Social Seguro Alimentario (Prosa), un proyecto para repartir alimentos a quienes tenían menos recursos, que alcanzó un presupuesto de 135 millones de pesos al año. Los delitos que se le acusan en este caso son peculado, penado con hasta 14 años de prisión, ejercicio indebido de funciones, con una pena máxima de nueve años, y delito electoral. “El programa estuvo politizado y viciado desde origen; la obtención de los recursos era indebida, la aplicación de los mismos no era correcta y los beneficiarios no eran siempre las personas más necesitadas”, acusa la Fiscalía.
Ministerio Público
Según el Ministerio Público, la financiación del programa se daba a través de fondos estatales y aportaciones que realizaban empleados del Gobierno forzados a donar parte de sus salarios. El abogado de Sandoval asegura las supuestas donaciones fueron “aportaciones de particulares hechas para particulares”. “No es ningún programa social, ni ningún fin electoral”, insiste. Entre los beneficiarios del programa estaban los operadores del PRI que habían trabajado para la campaña de Sandoval a la gubernatura en 2011. Pero el dinero recaudado no siempre se utilizaba para comprar alimentos. También se adquirieron televisores por medio millón de pesos y relojes de cuarzo por un monto de 2,4 millones de pesos, siempre de acuerdo con la versión de las autoridades.
El Ministerio Público presentó más de 250 pruebas contra el exgobernador, entre los que se cuentan dos audios en los que se escucha supuestamente a Sandoval promover el uso del programa social para conseguir votos a favor de su sucesor en la campaña de 2017. Además han presentado 70 testimonios de personas que fueron coaccionadas para votar al PRI en esos comicios a cambio de la canasta básica. “Legalmente tenemos una imputación que se basa en un audio que se obtuvo, desde el punto de vista de la defensa, [de manera] ilegal”, dice Nassar Daw. Por el programa Prosa, Sandoval fue imputado por un juez el pasado 21 de junio por el delito electoral. El magistrado consideró que no estaban acreditados el peculado y el ejercicio indebido de funciones. La Fiscalía tiene aún cuatro meses para investigar si ocurrieron esas ilegalidades.
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El exgobernador priísta enfrenta una segunda causa en la justicia estatal por el supuesto desvío de 83 millones de pesos del Fondo de inversión y reinversión para la creación y apoyo de empresas sociales (Fircaes), un programa de microcréditos para emprendedores locales. Se le acusa en este caso también de peculado y ejercicio indebido de funciones. La Fiscalía asegura que el Gobierno estatal utilizó ese dinero con fines electorales a través de apoyos y subsidios que otorgaba a simpatizantes del partido, y que dio gran parte de los recursos a un grupo de 19 beneficiarios.
En relación con este caso, la defensa sostiene que el exgobernador priorizó a madres solteras, personas enfermas y adultos mayores. “Le acusaron de peculado, pero el juez dijo que no, que en dado caso había ejercido indebidamente sus facultades por destinarlo a personas muy necesitadas. La función de un gobernador es primero que nada ver por grupos vulnerables”, dice Nassar Daw. Las pruebas fuertes que tiene el Ministerio Público en esta causa son los testimonios de cinco altos funcionarios de esa Administración que declararon en contra de Sandoval, acusándole de “beneficiar a ciertas empresas” o “autorizar créditos” a personas que no reunían los requisitos. El pasado 11 de junio el juez vinculó a proceso a Sandoval en esta causa por ejercicio indebido de funciones.
La Fiscalía General de la República es el último verdugo de Sandoval. Le acusa de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Un juez federal consideró en marzo, cuando emitió la orden de aprehensión, que tanto el exgobernador como su hija, Lidy Alejandra, habían realizado una cantidad “desmesurada” de operaciones “en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”. El magistrado dijo además que era probable que tuvieran “nexos con un grupo delictivo organizado”.
Nassar Daw
Para Nassar Daw, la acusación de la FGR deviene de una “diferencia de valores” en la cotización de los bienes que tiene Sandoval. “La Fiscalía estatal sobrevaluó los bienes y la Unidad de Inteligencia Financiera tiene información unilateral. Todos los bienes de Sandoval provienen de su sueldo”, afirma el abogado.
El legado que dejó el Gobierno priísta en Nayarit aún persiste. El reino de terror impuesto aquellos años no logra apaciguarse. Entre 2018 y 2019, el pequeño Estado registró un millar de denuncias por desaparición. Muchos integrantes de aquella Administración continúan en sus puestos y, a los ojos de los activistas y defensores de derechos humanos, poco ha cambiado desde entonces. La primera puntada para cerrar esa herida la dio la justicia estadounidense con la condena a Veytia. Los juicios a Sandoval tienen apariencia de ser una segunda.
