La crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha generado cambios significativos en los registros estadísticos relacionados con los feminicidios en México. Una de las conclusiones más alarmantes es que el entorno familiar se ha consolidado como la principal fuente de violencia contra las mujeres. Dada esta situación, es crucial prevenir cualquier signo inicial de agresión.
Durante el actual sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado la iniciativa de promover una transformación profunda en el marco legal que rige esta problemática. Los primeros debates sobre la nueva Ley General han comenzado en el Senado de la República, donde el enfoque se centra en definir el tipo penal y asegurar su aplicación uniforme en todo el país. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara Alta, Malu Michel, está a cargo de procesar las 796 propuestas legislativas que abordan los 62 artículos y 12 transitorios de la iniciativa, cuyo examen se prevé concluir en el próximo periodo ordinario de sesiones.
La nueva legislación, caracterizada como “aplicable y eficaz”, se espera que sea implementada por la próxima secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica y no reingresará al recinto legislativo.
Antes de la pandemia, las autoridades habían identificado patrones alarmantes de violencia contra las mujeres, especialmente en regiones afectadas por el narcotráfico. La académica Fabiola Alanís, quien lideró la Comisión Especial para la Atención a Víctimas, ha aportado información valiosa sobre esta cuestión. En particular, destaca el impacto devastador de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y continuó durante la administración de Enrique Peña Nieto, afectando de manera desproporcionada a las mujeres en zonas como la Tierra Caliente y Sierra Costa en Michoacán.
Los datos son abrumadores: entre 2007 y 2027, más de 30,000 hombres armados operaron en territorios de alto conflicto, y durante el sexenio de Calderón se documentaron al menos 117,859 asesinatos, de los cuales 13,714 afectaron a mujeres. Entre 2012 y 2017, la violencia terminó con la vida de 13,992 mujeres, una cifra que revela una tendencia preocupante en el aumento de homicidios femeninos. Por ejemplo, en el periodo de 2015 a 2017, los homicidios de mujeres se dispararon de 1,755 a 2,588.
Este fenómeno se ha caracterizado por la feminización de la violencia; los 11 municipios de la Tierra Caliente registraron el 36% de los feminicidios en el estado durante este lapso. Asombrosamente, los perpetradores de estos crímenes ya no son predominantemente las parejas de las víctimas, sino, en su mayoría, individuos vinculados al crimen organizado.
En otro ámbito, el 19 de agosto, un jet de la Armada de México aterrizó en Ezeiza, Argentina, con un grupo de pasajeros que recibirán instrucciones precisas justo después de que el contralmirante Fernando Farías Laguna sea entregado a la Interpol. Farías, quien fue detenido hace cuatro meses, estaba a la espera de su juicio de extradición, programado para iniciar la próxima semana.
Con el trasfondo de un país que lucha tanto contra la violencia de género como contra la impunidad en el ámbito del crimen organizado, es evidente que queda mucho trabajo por hacer. La implementación de una legislación robusta será solo un primer paso hacia la protección efectiva de quienes más necesitan ser defendidas.
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