La reciente propuesta de la Comisión Europea de implementar un impuesto sobre el tabaco (TEDOR) ha suscitado una ferviente oposición por parte de 14 Estados miembros, entre los que se cuentan Italia, Grecia, Austria, Suecia, Portugal y Rumanía. Estos países argumentan que cualquier nuevo ingreso a nivel de la UE debería servir como un alivio para sus contribuciones al presupuesto comunitario, en lugar de desviar fondos de sus propios presupuestos nacionales.
Este contexto se intensifica al considerar que las subidas impositivas propuestas por la Comisión podrían extenderse a productos relacionados con el tabaco, incluyendo algunos que no contienen tabaco, como los vapeadores. Wopke Hoekstra, comisario europeo, ha comparado repetidamente los productos tradicionales de tabaco con alternativas más recientes. Esto ha generado un debate sobre la seguridad de los productos de vapeo, a pesar de que estudios del departamento de salud del Gobierno del Reino Unido sugieren que estos son un 95% menos nocivos que los cigarrillos convencionales.
Este enfoque cauteloso es comprensible, especialmente con respecto a la protección de los jóvenes. Sin embargo, la comunidad científica parece estar alineada en que las alternativas como el vapeo podrían representar una estrategia válida para reducir el tabaquismo, algo que la Comisión parece pasar por alto.
Suecia, que ha observado un notable éxito en la reducción de las tasas de tabaquismo gracias a la aceptación del snus, una alternativa sin humo, se presenta como un referente. En Suecia, donde el snus ha sido permitido desde su adhesión a la UE en la década de 1990, la tasa de tabaquismo ha caído a alrededor del 5%, en comparación con un 24% de media en el resto de Europa. Este país no solo experimenta menos problemas de salud relacionados con el tabaco, sino que también muestra que la regulación efectiva de productos alternativos puede ser beneficiosa.
No obstante, la actitud del comisario Hoekstra y su colega de Salud, Olivér Várhelyi, presenta un notable sesgo, al declarar que los nuevos productos de tabaco no son más seguros que los convencionales, lo que sugiere que la UE debería tener un papel limitado en la salud pública, excepto en la limitación de su influencia fiscal.
El 10 de octubre, los ministros de Finanzas de la UE debatirán sobre esta nueva normativa fiscal, en medio de una oposición acérrima. En los últimos tiempos, los Estados miembros han instado a una revisión exhaustiva de toda la legislación fiscal de la UE, buscando aumentar la competitividad en un contexto marcado por precios elevados de la energía y regulaciones onerosas.
Hacia principios de 2025, la UE implementó un tipo impositivo mínimo global del 15% para las empresas, una medida que pretende reducir la competencia fiscal dentro de la región. Sin embargo, esto ha llevado a cuestionamientos sobre la eficacia de dicha política, especialmente a la luz del aumento de precios en sectores clave.
Mientras tanto, la presión sobre la industria europea se ha intensificado, especialmente en el sector químico que, según informes recientes, está “al borde de la extinción”. En este complicado panorama, la Comisión Europea parece centrarse más en aumentar su control fiscal que en abordar las distorsiones dañinas en la competitividad del mercado europeo.
En un giro adicional, el comisionado Várhelyi ha mostrado interés en establecer impuestos sobre alimentos con alto contenido de azúcar y grasa, como método para financiar la salud pública, lo que plantea más preguntas sobre la dirección futura de la política fiscal de la UE.
En este complejo entramado de propuestas y políticas, la cuestión persiste: ¿es viable la creciente influencia fiscal de la Comisión Europea, o su enfoque necesita una reevaluación seria en vista de la creciente resistencia y los resultados contradictorios en salud pública y competitividad? La respuesta no es clara, pero el tiempo y las futuras negociaciones serán cruciales.
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