La continuidad de la impunidad exige acción

El 24 de abril de 2026, en una ceremonia en Topolobampo, Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con su perfil militar y experiencia en inteligencia, lanzó un claro mensaje sobre la relación entre la inversión y la seguridad. Johnson afirmó que “la inversión fluye donde hay seguridad, Estado de derecho y combate real a la corrupción”. Este discurso, lejos de ser una mera cortesía, fue una advertencia dirigida a empresarios y autoridades en un estado que enfrenta serias amenazas del crimen organizado.

Pocos días después, se filtraron detalles sobre una supuesta “campaña contra narcofuncionarios” desde la Embajada de EE. UU., revelando que la sede diplomática ha evolucionado en un centro de operaciones para sanciones financieras y procesos penales. Este enfoque no solo está dirigido a grupos criminales, sino también a funcionarios y empresarios que operan en un entorno enrarecido por la corrupción.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido consistentemente a estas presiones exigiendo pruebas y defendiendo la soberanía mexicana. Sin embargo, la realidad es que muchos de los documentos que EE. UU. podría tener ya pasaron por las manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fiscalías estatales, donde muchos casos se archivaron o simplemente desaparecieron.

Ejemplos de esto son escandalosos. Segalmex ha sido un punto focal, con más de 15,000 millones de pesos observados y al menos 26 personas vinculadas a procesos legales, pero sin que se logren condenas firmes contra altos funcionarios. Igualmente, el caso del “huachicol fiscal” anotó el decomiso de un buque en 2025 con 10 millones de litros de diésel, resultando en la prisión de vicealmirantes, pero dejando sin consecuencias al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, pese a evidencias claras en su contra. Durante un cuarto de siglo, el país ha archivado denuncias de corrupción que van desde la Casa Blanca hasta OHL, todas con un denominador común: la falta de responsabilidad penal para altos mandos.

La edición 2025 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional posiciona a México con 27 puntos sobre 100, ubicándolo en el lugar 141 de 180 países. Esta cifra evidencia que las instituciones mexicanas rara vez llevan a cabo investigaciones que culminen en sanciones efectivas y consecuencias reales.

Los empresarios en México se encuentran atrapados entre la arbitrariedad local y las repercusiones internacionales. Estados Unidos está listo para utilizar la inversión, las cadenas de suministro y las sanciones como herramientas de presión, mientras que el gobierno mexicano aún no ha mostrado prueba contundente de que está desmantelando las redes que protegen a los corruptos.

La declaración del gobierno mexicano sobre “una buena relación” con Johnson no parece ser suficiente para calmar temores. Lo que realmente importará es si México puede demostrar su capacidad para reducir la impunidad mediante procesos legales creíbles y efectivos.

Trump y Johnson tienen la capacidad de amenazar con listas, sanciones y expedientes, porque México ha dejado esa puerta abierta por décadas. Mientras el país continúe almacenando sus casos en archivos y bodegas, la corrupción seguirá sirviendo como justificación para la intervención estadounidense. En un contexto donde la integridad nacional y la estabilidad económica están en juego, el llamado a una acción decidida y transparente no puede ser ignorado.

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