En México, el debate sobre la reducción del uso del efectivo ha pasado de ser una cuestión teórica a una realidad palpable. Las nuevas regulaciones que buscan limitar temporalmente su uso, especialmente en sectores clave como el de combustibles, nos llevan a cuestionarnos: ¿estamos realmente listos para avanzar hacia una economía menos dependiente del efectivo?
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 revela que, a pesar de los esfuerzos por digitalizar los pagos, el efectivo sigue siendo la opción favorita de la mayoría. Para compras menores a 500 pesos, hasta un 85% de la población utiliza el efectivo con frecuencia. Aún más sorprendente es que, en transacciones superiores a esa cantidad, un 73% de las personas lo prefiere. Esto indica no solo la popularidad del efectivo, sino su papel fundamental en la estructura económica del país. Un asombroso 94% de los encuestados informó haber realizado al menos un pago en efectivo en los últimos meses, sugiriendo que este método de pago es esencial para la mayoría.
El uso del efectivo no simplemente se basa en preferencias; representa una necesidad para millones de mexicanos. Entre aquellos que tienen tarjeta de débito pero no la utilizan para comprar, el 63% menciona que prefiere el efectivo. Las razones son variadas: un 46% lo hace por costumbre, un 15% debido a la falta de aceptación en ciertos comercios, y un 13% por desconfianza hacia los métodos electrónicos. Así, el desafío radica no solo en aumentar el acceso, sino también en construir confianza y mejorar la infraestructura en las áreas donde los pagos digitales aún no son viables.
Además, hay un aspecto fundamental que no se puede pasar por alto. La reducción en la cuota de intercambio en gasolineras, aunque se presenta como una medida de costo fiscal nulo, tiene efectos económicos significativos. Lo que el Estado no absorbe, lo asumen las instituciones financieras, especialmente los emisores de tarjetas, muchos de los cuales tienen una fuerte presencia en segmentos de ingresos medios y bajos. Esta medida podría comprometer sus ingresos, afectando su capacidad para ofrecer productos accesibles, innovar y expandir el crédito en áreas marginadas.
La inquietud radica en que, mientras se busca incentivar los pagos electrónicos y desalentar el uso del efectivo, a su vez se podrían debilitar a los actores clave que han promovido la inclusión financiera. Es un dilema: el intento de reducir el efectivo podría perjudicar a aquellas instituciones que han trabajado arduamente para integrar a las poblaciones más vulnerables al sistema financiero.
Las cifras también revelan que el ecosistema de pagos digitales aún está en construcción. Solo el 22% de los mexicanos ha realizado transferencias electrónicas recientemente, y herramientas como CoDi muestran niveles de uso muy bajos. En zonas rurales, la brecha es aún más alarmante: apenas el 17% utiliza tarjetas y un escaso 12% ha hecho transacciones electrónicas. Intentar eliminar el efectivo sin abordar estas brechas puede generar efectos adversos, siendo la exclusión financiera el principal riesgo.
Por lo tanto, el enfoque no debería ser simplemente eliminar el efectivo, sino gestionar su transición hacia métodos de pago más modernos. Desde las instituciones financieras, como UNIFIMEX, la tarea es doble: acompañar la agenda de modernización del sistema y garantizar que esta transformación no deje atrás a los segmentos más vulnerables ni a las economías que dependen del efectivo.
México no necesita una simple reducción del efectivo por decreto; requiere más opciones tangibles que propicien una menor dependencia de este medio. Las instituciones representadas están en la primera línea de la inclusión financiera y comprenden las realidades donde el efectivo sigue siendo fundamental.
La oportunidad está presente: lograr una reducción del uso del efectivo de manera que no excluya a quienes actualmente dependen de él es posible. El camino hacia una economía más digital debe ser inclusivo y estratégico, asegurando que nadie quede atrás en la transformación financiera que se avecina.
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