En un acto simbólico en un parque cultural de la región de Antofagasta, en el norte de Chile, donde se conservan las ruinas de una antigua fundición de metales de fines del siglo XIX, la Convención Constitucional chilena ha entregado oficialmente este lunes el borrador de su propuesta de nueva Constitución. Lo ha hecho luego de diez meses de trabajo –la convención se constituyó el 4 de julio de 2021– que han dado como resultado un texto con 499 normas permanentes, uno de los ejemplos constitucionales de mayor extensión y detalle a nivel mundial.
Con profundas transformaciones a la institucionalidad vigente y con cambios sustanciales, como el tránsito desde un Estado subsidiario a uno social de derechos, la Convención entra ahora en una etapa final. Luego del trabajo de una comisión de armonización, que dará coherencia al escrito, el órgano entregará el texto definitivo al presidente Gabriel Boric el próximo 5 de julio, tras lo cual se disolverá. El mandatario deberá convocar a un plebiscito de carácter obligatorio fijado para el 4 de septiembre.
“Ha sido un proceso difícil y a veces incomprendido. No hemos estado exentos de errores, pero hoy podemos decir que hemos cumplido el encargo del pueblo chileno en tiempo y forma. Hemos entregado este borrador de Constitución, redactada de forma democrática por primera vez en nuestra historia”, ha asegurado esta tarde Elisa Quinteros, presidenta de la convención.
El sábado tarde terminaron a contrarreloj las votaciones de las propuestas de normas en el pleno de la Convención, que tenían que lograr un tercio de los votos (103 de los 154) para aprobarse. Tras ello, los convencionales se trasladorn hasta Antofagasta para el acto de este lunes.
Uno de los ministros políticos de mayor relevancia del Gobierno de Boric y su hombre de confianza, Giorgio Jackson, entregó el domingo a la presidenta de la Convención un informe para el debate de normas transitorias. Jackson hizo saber que el Ejecutivo no quiere que la norma constitucional que posibilitaría la reelección de los presidentes de la República comience con la actual Administración, sino la que tome posesión a partir de 2026. Actualmente, el período presidencial dura cuatro años sin opción de un nuevo mandato consecutivo.
La sociedad chilena, a partir de ahora, deberá tomar partido por aprobar la propuesta de nueva Constitución o rechazarla. El camino constituyente fue la salida que le ofreció la clase dirigente a la ciudadanía luego del estallido social de octubre de 2019, que dejó en evidencia una profunda crisis social y política y, además, amenazó con derribar la institucionalidad. Una buena parte de los votantes, el 78%, eligió en octubre de 2020 el reemplazo de la Constitución vigente. Luego, en mayo de 2021, hace un año, se eligió una Convención paritaria, con 17 escaños reservados para pueblos indígenas y, por reglas electorales extraordinarias, una amplia presencia de independientes. La derecha quedó subrepresentada no solo respecto de su fuerza histórica, sino en relación a las consecutivas elecciones parlamentarias y presidenciales.
Las decisiones se han tomado, sobre todo, entre las distintas izquierdas. Y ha sido un período complejo. Por el proceso de la propia Convención, el órgano y su trabajo han perdido apoyo. Las encuestas muestran que los que están por rechazar el texto superan a los que quieren aprobarlo. De acuerdo al sondeo de Pulso Ciudadano de este fin de semana, un 45,6% se inclina por rechazar la propuesta, un 27,1% por aprobarlo y un 27,4% no sabe.
“Las emociones (esperanza, temor, etcétera) definirán los votos de la mayoría, no la lectura de 499 artículos. Y, antes que por el articulado, la votación se definirá por el imaginario de lo que se cree y siente que pasará en Chile con el triunfo de una u otra opción”, escribía hoy Cristián Valdivieso, fundador de la encuestadora Criteria.
Menos poder al presidente
La propuesta de nueva Constitución entiende a Chile como “una democracia paritaria” y, a su vez, “un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”. Habla de 11 pueblos y naciones indígenas preexistentes y que, en virtud de su libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno.
Respecto del sistema político, propone un régimen presidencial, pero atenuado respecto del actual, por lo que el mandatario tendrá menos poder. El Poder Legislativo sufriría grandes transformaciones: la Cámara de Diputados pasará a llamarse Congreso de las Diputadas y Diputados y tendrá mayor poder que el actual, porque el Senado desaparecerá, de acuerdo a la propuesta, para dar lugar a una Cámara de las Regiones, con poderes acotados respecto de la actual Cámara Alta.
El Poder Judicial dejaría de llamarse así y, de acuerdo a la propuesta, habrá pluralismo jurídico. Se plantea que habrá un Sistema Nacional de Justicia, integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Pero, en paralelo, el Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los 11 pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia del resto de la ciudadanía. Será la ley la que determine los ámbitos de competencia de la Justicia indígena.
No existe ninguna claridad respecto de los escenarios que se abrirán de rechazarse el texto en el plebiscito del 4 de septiembre, que tendrá carácter obligatorio para todos los ciudadanos. En estricto rigor, seguiría vigente la Constitución actual, redactada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero que ha tenido decenas de reformas importantes desde la llegada de la democracia. De hecho, el actual texto lleva la firma de Ricardo Lagos, por las transformaciones que el socialista realizó durante su mandato (2000-2006) a aspectos centrales relativos a los enclaves autoritarios.
El presidente Boric, que ha unido su destino al éxito del proceso y a la aprobación del texto, aseguró hace algunos días que el Gobierno estudia alternativas ante la opción de que gane el rechazo y el propio ministro Jackson reconoció el fin de semana que “el escenario está abierto” entre ambas opciones.
Lo que parece altamente probable, sin embargo, es que el proceso constituyente por sí solo no resolverá la crisis política y social que enfrenta el país. Porque, aunque gane la opción de quienes aprueban el texto, no sería por un margen holgado, al menos de acuerdo a lo que proyectan los sondeos. Lo han dicho analistas como Kathya Araujo, académica de la Universidad de Santiago: “Es absurdo estar poniendo todos los huevos en la canasta de la Convención. Desde que ocurrió el estallido del 2019, una de las cosas que se tendría que haber hecho es haber promovido un pacto político de Gobierno –un plan transversal–, con metas generales y acordadas por las diferentes fuerzas políticas. Pero, además, Chile requiere de un pacto social. La salida no era solamente jurídica e institucional”.
Ante una ciudadanía demandante y sin confianza en sus instituciones y dirigentes –el propio Boric ha perdido mucha popularidad desde que asumió hace dos meses–, el panorama político se complejiza todavía más con el pesimismo económico de la gente y la alta percepción de inseguridad frente a los delitos.
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