El Mundial no es solo un evento deportivo, sino también una cortina de humo que se ha convertido en un mecanismo para desviar la atención del público sobre problemas profundos que agobian a la sociedad mexicana. La corrupción y la presunta complicidad de altos funcionarios con el crimen organizado, junto con la falta de atención a la educación y las obras públicas innecesarias, son temas que muchas veces quedan diluidos entre el entusiasmo por este tipo de festivales. La reciente protesta contra el “recorte” del ciclo escolar nos muestra que la ciudadanía está perdiendo la paciencia ante estas distracciones.
En la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, que tuvo lugar el 10 de mayo en la Ciudad de México, miles de familiares de personas desaparecidas alzaron la voz en un llamado directo al gobierno federal, y en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum. Con más de 133,000 desaparecidos en el país, este grupo de familiares demanda acciones concretas en lugar de que se prioricen los recursos para el Mundial. Utilizando un lenguaje futbolístico, expresaron su indignación al ver cómo se destinan fondos para un evento deportivo mientras la búsqueda de desaparecidos queda desatendida.
“No hay juego limpio con campos de exterminio”, decía una de las pancartas en la manifestación, subrayando la desesperación de aquellos que reviven a diario el dolor de la búsqueda de sus seres queridos, a menudo enfrentándose a burocracias prohibitivas y a un sistema judicial que muchas veces parece coludido con el mismo crimen que atormenta a sus familias. Las experiencias compartidas por madres, padres y hermanos de desaparecidos revelan un escenario desgarrador: el riesgo de enfrentarse a fiscales negligentes, amenazas de grupos criminales y la constante lucha por el reconocimiento y el apoyo del Estado.
Aunque el gobierno insista en minimizar la crisis, los testimonios demuestran que las desapariciones forzadas son una realidad alarmante y que la violencia sigue impactando de manera desproporcionada a mujeres y niños. En este “año de las mujeres”, muchas familias se sienten completamente desamparadas, buscando a sus seres queridos en hospitales, cárceles, calles y morgues sin la ayuda efectiva de las autoridades, que siguen percibiendo una falta de recursos y voluntad política.
Norma Andrade, cuya hija fue víctima del feminicidio, instó a los medios a poner en primer plano la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso, recordando la impunidad que ha reinado en el país desde 1994. La frustración fue palpable cuando las familias pidieron a la Presidenta que se reuniera con ellas, recordándole que su atención parece favorecer a interesados en la cultura pop, mientras que el sufrimiento de los que buscan a sus seres queridos queda ignorado.
Los eventos de Ayotzinapa han evidenciado la existencia de desapariciones forzadas toleradas por el Estado, un problema que no se ha resuelto. La violencia criminal en distintas partes del país, como Sinaloa, ha llevado a una crisis humanitaria, con miles de desaparecidos y desplazados. En lugar de enfrentar la gravedad de la situación, el gobierno parece optar por un discurso nacionalista mientras se desatienden estas crisis.
La pregunta que surge es: ¿qué se necesita para que esta tragedia despierte la indignación y movilización de la ciudadanía? En un contexto donde la democracia y la soberanía están en entredicho ante tanto dolor, parece que solo un compromiso genuino por parte del gobierno y la sociedad puede marcar la diferencia.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
