La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos marca un hito significativo en el ámbito del comercio internacional y la política económica del país. Este fallo, emitido el 20 de febrero de 2026, establece que el expresidente Donald Trump excedió sus facultades al implementar una serie de aranceles que alteraron el comercio global. Con un voto de 6 a 3, el tribunal concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga al presidente el derecho a imponer gravámenes de esta índole.
Estos aranceles, que Trump había presentado como “recíprocos”, no abarcan los impuestos aplicados a sectores específicos como los automóviles, el acero o el aluminio, pero sí afectaron de manera significativa a la economía global en su conjunto. Durante su primer mandato, que se extendió de 2017 a 2021, Trump utilizó esta herramienta como una forma de presión en negociaciones comerciales. En enero de 2025, tras regresar al poder, anunció su intención de recurrir a la IEEPA para gravar a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.
Entre los países afectados se encuentran México, Canadá y China, con aranceles impuestos también en el contexto de la lucha contra el tráfico de drogas, específicamente el fentanilo, así como en relación con cuestiones migratorias. Este enfoque fue claramente respaldado por la administración anterior, que buscó justificaciones legales para un accionar que finalmente ha sido desautorizado por el máximo tribunal.
La Corte subrayó que si el Congreso hubiera querido otorgar explícitamente el poder de imponer esos gravámenes a través de la IEEPA, lo hubiera hecho de manera clara, como ha ocurrido con otras normativas arancelarias. El fallo de la Corte Suprema refuerza decisiones anteriores de tribunales inferiores, que ya habían dictaminado que los aranceles impuestos por Trump bajo esta ley eran ilegales. En mayo, un tribunal comercial de primera instancia había bloqueado el avance de muchos de estos aranceles, aunque esa resolución había quedado en suspenso debido a la apelación del gobierno.
Este desarrollo jurídico no solo impacta el ámbito nacional, sino que también tiene repercusiones en el comercio global y en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. La anulación de estos gravámenes podría redefinir las interacciones comerciales con varios socios estratégicos y ofrecer un nuevo marco para las negociaciones futuras. Mientras tanto, las implicaciones de esta decisión están lejos de resolverse, lo que añade un elemento de incertidumbre a la política económica del país y su influencia en la economía mundial.
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