La crisis de los desaparecidos tensa a México y la ONU.

El Gobierno de México se encuentra en medio de un intenso conflicto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a la crisis de desaparecidos en el país. Este desencuentro se intensificó tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.

Recientemente, el CED publicó un informe que arroja luz sobre la alarmante cifra de 133,000 desapariciones en México, marcando una crisis que el Gobierno ha tratado de minimizar. Este informe sostiene que, aunque las desapariciones no son resultado de una política estatal deliberada —como ocurrió durante la Guerra Sucia—, el Estado ha fracasado en su obligación de atender esta grave problemática. A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo, que argumenta que las desapariciones no pueden ser clasificadas como “forzadas” ni como “crímenes de lesa humanidad”, el CED advierte sobre la “participación o aquiescencia” de autoridades en este tipo de delitos.

La administración de Claudia Sheinbaum ha movilizado su maquinaria política para presentar una defensa robusta, argumentando que el informe se basa en una revisión parcial y que no considera las reformas implementadas por el Gobierno desde la llegada de Morena al poder en 2018. Además, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores descalificaron la resolución del CED como “tendenciosa” y “sesgada”.

El subsecretario de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, enfatizó que la cooperación de México con el CED ha sido ejemplar, cuestionando la validez del informe por su falta de rigor. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también se ha expresado en términos despectivos hacia las organizaciones no gubernamentales que contribuyeron con información al Comité, alegando que la desaparición forzada por funcionarios ha disminuido desde 2018.

La postura oficial resalta que el actual Gobierno ha emprendido una reforma legislativa para abordar el flagelo de las desapariciones. Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, argumentó que el informe de la ONU no distingue correctamente entre la violencia estatal y la perpetrada por el crimen organizado, lo que presenta un desafío para la efectividad de las respuestas institucionales.

El presidente del CED, Juan Pablo Albán, ha respondido a las críticas, señalando que el informe no se limita a un periodo temporal específico y que la creciente cantidad de desaparecidos es un indicativo serio de la situación. A principios de 2026, se estimaban alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar, lo que refleja una crisis forense en aumento.

Desde el ámbito del derecho internacional, expertos como Moisés Montiel han calificado la situación de “crisis endémica” y subrayan el costo reputacional al que México se enfrenta por la decisión de escalar el tema a la Asamblea General. En este escenario complejo, el país tiene la obligación de justificar ante la ONU que la desaparición forzada no es una práctica generalizada, lo que podría tener implicaciones profundas para su posición internacional y su atractivo para la inversión extranjera.

Así, la disputa entre el Gobierno mexicano y el CED no es meramente técnica, sino que involucra un enfrentamiento sobre la narrativa y la interpretación de la crisis de desapariciones, una situación que muestra la complejidad de equilibrar la crítica internacional y la gestión interna en un país que todavía lidia con sus heridas históricas. Este conflicto no solo afecta la reputación de México en el ámbito internacional, sino que también pone en el centro del debate la necesidad de soluciones efectivas y institucionales para abordar una de las crisis más significativas del país.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.