La sentencia anunciada este miércoles por el Tribunal Constitucional, que tumba parte del decreto de estado de alarma que confinó en 2020 a millones de españoles en sus casas durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus, abre un escenario inesperado para el Gobierno de Pedro Sánchez: la devolución de miles de multas impuestas a los ciudadanos por saltarse las restricciones. La resolución del alto tribunal, que se publicará en su integridad en los próximos días, dejará sin cobertura legal a estas sanciones al entender que se ordenaron bajo el paraguas de una norma que queda anulada finalmente, según fuentes del alto tribunal.
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A falta de conocer los recovecos del fallo y el alcance práctico de sus detalles, esas mismas fuentes señalan que la idea es que decaigan todas las multas emitidas que afectasen al derecho de circulación, que se suspendió por una vía considerada ahora inconstitucional.
De esta forma, quienes aún no las hayan pagado, no tendrían que hacerlo finalmente. Y quienes ya las hayan abonado, tendrían que reclamar para que les reintegren el dinero. Eso sí, el texto de los magistrados tendrá que delimitar qué ocurre, por ejemplo, con aquellos casos que han sido ya analizados en los tribunales y se ha dictado sentencia firme.
Los datos que maneja el Ministerio del Interior es que, entre el primer estado de alarma que se prolongó del 14 marzo al 21 de junio de 2020, las distintas policías propusieron más de 1,14 millones de multas. En muchos casos, para aplicar las restricciones, los agentes aplicaron el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que prevé castigar por falta grave la desobediencia a las Fuerzas de Seguridad.
El enorme volumen de sanciones provocó en un primer momento el colapso de las delegaciones del Gobierno en las diferentes comunidades, encargadas de tramitar cada expediente (a excepción de Cataluña y País Vasco, donde dichas competencias se encuentran transferidas).
