En un entorno donde la comprensión de la política y la economía mexicana resulta crucial, surge la reflexión sobre el carácter intrínseco y el costo de nuestra democracia. En México, organizar elecciones para más de 100 millones de personas es indudablemente un proceso oneroso, que trasciende el simple cálculo financiero. La noción de que la democracia es un asunto meramente contable queda en el aire, pues su funcionamiento efectivo requiere un compromiso que va más allá de la economía.
Desde la implementación de la reforma democrática, hemos sido testigos de seis alternancias en el poder, lo que demuestra que el voto libre es un pilar fundamental y valioso. El reconocimiento de que “la democracia no es barata, y abaratarla sale carísimo” se hace más evidente al observar los retos actuales.
La situación financiera también merece atención. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda acumulada de Estados y municipios en México ha alcanzado los 717 mil 818 millones de pesos. La mayor parte de esta deuda está vinculada a bancos privados, lo que plantea serias preguntas sobre la autonomía financiera a nivel local. A pesar de que la SHCP cuenta con un sistema de alerta para monitorear el endeudamiento, parece que este mecanismo se alinea con una agenda política específica del Gobierno, relacionada con una reforma electoral que busca un control más directo sobre las finanzas estatales. Esto podría afectar la división de poderes y la independencia política en el país.
En Guerrero, por ejemplo, comunidades de Juan R. Escudero y Tecoanapa han sufrido ataques por parte del grupo criminal “Los Ardillos”. A pesar de haber presentado denuncias ante la Secretaría de Gobierno, las autoridades locales se han sentido desprotegidas y sin respuesta. El interés del gobierno para revitalizar Acapulco como destino turístico ha desviado atención y recursos, dejando a los ciudadanos vulnerables a la violencia y el crimen.
Por otro lado, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, ha comenzado a fortalecer las delegaciones estatales de su dependencia. Esto implica un aumento del número de agentes del Ministerio Público Federal en entidades de mayor población, aunque persiste la incertidumbre sobre el presupuesto necesario para esta tarea.
Finalmente, en términos económicos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería actuar como un motor de crecimiento para nuestro país. Sin embargo, los desafíos son múltiples, desde el aumento en los costos de las aseguradoras debido a nuevos enfoques fiscales, hasta dinámicas complejas que involucran la política internacional, como los dólares provenientes del petróleo venezolano que fluyen hacia el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con reflexión y urgencia, es imperativo reconocer que una nación sin elecciones libres es una nación sin voz. La responsabilidad que apoyamos a través de nuestras acciones y decisiones colectivas determinará nuestro futuro democrático, donde cada voto importa y cada voz cuenta.
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