La deportación de reos revela caos carcelario en México.

Lo que ocurre dentro de las cárceles mexicanas no se limita a su interior; sus repercusiones se extienden más allá de los muros, afectando no solo la seguridad nacional sino también la relación con Estados Unidos. En el último año, México ha transferido a 92 internos al país vecino, muchos de ellos vinculados a delitos de crimen organizado, justificando estas acciones como una decisión soberana que fortalece la seguridad nacional. Esta medida surge de la inquietante realidad de que algunos de estos prisioneros continuaban operando para grupos delictivos desde sus celdas. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, subrayó que la transferencia responde a la necesidad de impedir que los líderes de organizaciones criminales sigan dirigiendo sus operaciones desde la prisión.

Las cárceles, criticadas por expertos, suelen transformarse en centros de mando y puntos de control para los cárteles, evidenciando una debilidad duradera en la política de seguridad de México. Esta estrategia de traslado de prisioneros es inédita en el país, con casi un centenar de internos enviados en un solo año. Según las autoridades, estos cabecillas, aunque encarcelados, mantienen un poder considerable y extorsionan a ciudadanos a través de llamadas, aprovechando la falta de control en el sistema penitenciario.

Los ecoistemas del crimen dentro de las prisiones son alimentados por la sobrepoblación. De los 276 centros en el país, más de la mitad albergan a más internos de los que pueden manejar, lo cual crea condiciones propicias para el autogobierno criminal. Por ejemplo, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el Estado de México, tenía 3.128 internos, cuando su capacidad es para 591, lo que equivale a cinco veces más de lo permitido. Este hacinamiento global contribuye al caos que permite la perpetuación de delitos sin castigo.

La Secretaría de Seguridad ha publicado que una gran parte del total de llamadas para extorsionar provienen de solo 12 cárceles. A pesar de los intentos por bloquear y desmantelar estas redes telefónicas, el crimen sigue descollando. Observadores como Víctor Hernández y Alberto Guerrero Baena destacan que la falta de presupuesto y la corrupción limitan los esfuerzos por controlar a los internos, permitiendo que los prisioneros mantengan redes de corrupción, explotación e incluso prostitución dentro de estos espacios. Estas dinámicas continúan perjudicando la reinserción social, convirtiendo las cárceles en núcleos de crimen en miniatura.

En este contexto, se ha sugerido implementar un programa de contrainteligencia que no solo vigile a funcionarios corruptos, sino que también impida que las bandas criminales hagan alianzas mientras cumplen sus penas. Las autoridades han sido críticas con respecto a la existencia de líderes criminales que siguen operando desde prisión, como es el caso del cabecilla del Cartel de Santa Rosa de Lima, que a pesar de haber sido detenido, continúa influyendo en sus operaciones.

Es evidente que la estrategia de captura y desmantelamiento de cárteles liderada por García Harfuch, aunque efectiva en el corto plazo, no puede llevar a resultados sostenibles si el problema de las prisiones no se aborda de raíz. La solución a esta crisis no se limita a un endurecimiento de penas, sino requiere un fortalecimiento integral del sistema penitenciario, que aborde las causas estructurales detrás de esta problemática. La situación actual no solo refleja la lucha por el control del crimen, sino también la lucha por la recuperación del Estado en un contexto en el que la delincuencia se encuentra profundamente arraigada en las dinámicas sociales y estructurales del país.

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