Las soluciones concebidas por Estados Unidos para reducir la violencia, la corrupción y la emigración en Guatemala, El Salvador y Honduras nunca tuvieron éxito, ni lo tendrán con el Gobierno de Joe Biden si el progreso del Triángulo Norte de Centroamérica depende de la decencia de los poderes nacionales en la ejecución de los planes de desarrollo y la creación de empleo. Kamala Harris supeditó los cambios profundos a la integridad moral, una manera de renunciar a ellos porque la única integración regional visible es la de las mafias al abordaje de las instituciones y los recursos financieros, hermanadas con el compadrazgo empresarial y los cárteles.
La construcción de espacios comunes de democracia y generación de oportunidades es un desiderátum inviable con el tiranuelo de El Salvador, entronizado con el beneplácito de la mayoría y el entusiasmo de las oligarquías enriquecidas durante medio siglo de regímenes militares, tongos electorales y golpes de Estado; tampoco es posible compartir programas de desinfección con las administraciones que disolvieron en Guatemala y Honduras las fiscalías internacionales contra la impunidad, ni con presidentes bajo sospecha. El hondureño afronta el tráfico de influencias de su hermano, condenado en Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.
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Sin retroceder hasta la incriminación de los encomenderos, una Comisión de la Verdad sobre las causas de tantas desgracias encontraría en las políticas de Washington de los setenta elementos de juicio y culpables. La Casa Blanca, la CIA y la geopolítica militarizaron los Estados centroamericanos, protegiendo a las clases dominantes y olvidando a las paupérrimas, para combatir la subversión leninista y procubana surgida durante la Guerra Fría. Lejos de patrocinar algo de justicia distributiva, la impidieron fomentando los cacicazgos y las razias. Aquellas trincheras y sepulturas, con 200.000 indígenas mayas bajo tierra, se saldaron con los acuerdos de paz de los ochenta y unas democracias precarizadas.
Abismos sociales sin resolver afianzan la desvertebración y el éxodo hacia el Norte, que Biden pretende contener porfiando con borradores reactivos, sin apenas articulación regional, y transferencias de efectivo, vulnerables a la malversación de contratistas y funcionarios porque la probidad es un ovni. Aunque las prioridades gringas nunca fueron la libertad y la democracia sino la seguridad y los negocios, puestos a soportar extraterritorialidades, aplíquese la ley Magnitsky contra la corrupción, y la lupa de los hombres de negro de los Departamentos del Tesoro y de Justicia sobre las cuentas de los comisionistas, ministerios y cuerpos de seguridad locales.
Si la determinación de EE UU para encofrar dictaduras durante los conflictos armados del siglo XX se tradujera en coerción contra la calaña que no rinde cuentas, declinarían los coyotes y la desolación centroamericana. Reciclando fracasos y palabrería mientras las peonadas de Texas ganan diez veces más que las de Quetzaltenango, las oleadas migratorias seguirán batiendo marcas.
