Cifras preliminares sugieren que el tercer trimestre podría presentar un nuevo crecimiento negativo del PIB, lo que representa un desafío considerable para la economía nacional. En el periodo anual que terminó en septiembre, el empleo formal, medido a través del IMSS, solo registró 90,000 nuevas plazas, muy por debajo de las alrededor de 700,000 habituales. Además, se informó que los patrones registrados en el IMSS también disminuyeron, con 25,000 menos que el año anterior, de los cuales 20,000 eran empresas con hasta cinco empleados.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha reportado una caída en la formalidad laboral hasta agosto, un hecho alarmante que afecta a aproximadamente dos millones de personas. La confianza empresarial y las condiciones para invertir siguen en un panorama negativo, afectando a todos los sectores desde marzo pasado y hasta 2024. A pesar de que la inflación subyacente continúa en aumento, y otros indicadores económicos son igualmente preocupantes, el sector exportador parece ser uno de los pocos que muestra dinamismo.
Frente a este escenario, el gobierno mantiene una postura optimista, insistiendo en que la economía está en buen estado, una afirmación que carece de respaldo sólido. La única acción notable ha sido la reciente convocatoria para fomentar la inversión en el sector energético bajo un modelo de “planeación vinculante”, que busca asegurar que al menos el 54% de la electricidad provenga del Estado. Aunque esta podría ser vista como una apertura, también genera incertidumbre debido a cuestiones regulatorias y presupuestarias, así como falta de transparencia.
Las políticas actuales no favorecen la inversión ni el crecimiento, tanto a corto como a largo plazo. Desde la reforma judicial hasta el descuido en inversión pública, pasando por la atención insuficiente a la salud, la educación y la seguridad, el gobierno parece no priorizar estos aspectos cruciales. La recién propuesta Ley de Ingresos para 2026 incluye varias medidas que, lejos de ayudar a la inversión, terminan perjudicando a las pequeñas empresas y a las personas de bajos recursos, al no adecuarse a sus ingresos.
El endeudamiento público, que alcanza los 1.78 billones de pesos, se acerca a duplicar la inversión física, destinándose a proyectos que carecen de evaluaciones transparentes. Esto resulta en una práctica financiera irresponsable, contraria a las normas de prudencia fiscal reconocidas internacionalmente.
La dirección política actual parece ignorar la gravedad del estado de la economía, confiando erróneamente en que una negociación comercial favorable con Estados Unidos será suficiente para mantener un crecimiento. Sin embargo, la realidad es que el verdadero crecimiento depende de la inversión productiva y de condiciones favorables, como la seguridad energética. No importa cuán benévolo sea un acuerdo entre gobiernos, sin una base sólida de inversión productiva, el crecimiento es poco probable.
El enfoque del gobierno no parece ser el crecimiento económico, que es esencial para mejorar el bienestar social y combatir la pobreza de manera sincera y duradera. En lugar de priorizar el crecimiento, la administración actual parece centrarse en la popularidad, un enfoque que, aunque comprensible, se vuelve problemático si sacrifica el desarrollo económico y las oportunidades para la población. Esta falta de atención a la sostenibilidad fiscal y al bienestar social podría generar consecuencias negativas a largo plazo.
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