La entrega de agua afecta a agricultores mexicanos

Estados Unidos presiona y México, en general, cede. Esta dinámica, evidenciada desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, se extiende a cuestiones migratorias, de seguridad, y ahora también al crucial tema del agua. A medida que las elecciones de noviembre se acercan, la temática del agua ha cobrado relevancia, especialmente para el campo texano, un pilar del apoyo electoral al trumpismo.

El martes, ambos países llegaron a un nuevo acuerdo sobre el trasvase desde el Río Bravo. Este pacto—promovido por el secretario de Estado, Marco Rubio, como una muestra del compromiso presidencial con los ciudadanos estadounidenses—obliga a México a entregar anualmente un mínimo de 431 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa una quinta parte del total que se debe entregar. Esta disposición no considera las condiciones meteorológicas y contraviene el Tratado de 1944, que establece márgenes de cinco años para abordar la volatilidad climática. A raíz de ello, el acuerdo pone en riesgo la siembra del campo mexicano, que ya enfrenta una situación crítica de estrés hídrico.

Jorge Luis López, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, advirtió que “van a quedar sin sembrar más de 100,000 hectáreas tan solo en el distrito 025 por falta de agua.” El impacto es claro: la mitad de la tierra en dicha área no ha podido ser cultivada debido a la escasez de agua, exacerbado por el último envío extraordinario de agua que México se comprometió a entregar antes de finales de enero.

Este trasvase, según López, implicó que se extrajera agua de presas internacionales como La Amistad y Falcón—cuya capacidad está muy por debajo de lo requerido—y de otras presas como El Cuchillo, que abastece a Monterrey. Tal situación vuelve a poner en riesgo el consumo humano en Nuevo León, un escenario que la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado.

Recientemente, el Gobierno federal ofreció un subsidio de 1,000 pesos por hectárea a los agricultores de Tamaulipas, pero fue rechazado por considerarlo insuficiente. La presidenta anunció, además, un plan de tecnificación del campo, diseñado para ahorrar agua en los cultivos, aunque los expertos apuntan que es aún insuficiente para cubrir el déficit generado.

Las voces críticas, como la de Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, sostienen que no se puede ignorar el impacto de cultivar especies que demandan más agua, sugiriendo que se debería optar por cultivos como el sorgo. La pérdida de agua en canales de riego es otro factor a considerar, y se requieren inversiones significativas para mejorar las infraestructuras.

La presión de Estados Unidos se mantiene constante, buscando resultados que pueda presentar a su electorado en un año electoral crucial. En este contexto, el senador texano John Cornyn ha instado a incluir el tema del agua en las negociaciones del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos.

Mientras tanto, México se enfrenta a la amenaza de aranceles, lo que lleva a la presidenta a ceder para evitar tensiones adicionales. Los agricultores ven injusto el sacrificio de sus necesidades en beneficio del campo texano y exigen que el impacto que están sufriendo se traduzca en apoyos reales.

El cumplimiento del tratado de 1944—una pieza fundamental de la legislación entre ambos países—debería asegurar un manejo balanceado del agua, considerando las variaciones climáticas incontrolables. No obstante, el enfoque actual parece amenazar tanto al ecosistema como al bienestar de los consumidores humanos. Las próximas entregas de agua, que ascienden a otros 737 millones de metros cúbicos del ciclo anterior y más de 2,158 millones del actual, son solo la punta del iceberg en un problema que exige atención y soluciones sostenibles.

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