La promesa de acceso universal y gratuito a medicamentos y atención médica para todos los mexicanos se enfrenta a una cruda realidad marcada por la austeridad y el creciente desabasto. A pesar de la retórica de gratuidad, la falta de inversión en el sistema de salud ha generado profundas desigualdades, especialmente evidentes en los Institutos Nacionales de Salud (INS), fundamentales para la atención de especialidad.
Antes de 2020, los INS funcionaban bajo un modelo equitativo que permitía cobros ajustados al nivel socioeconómico de los pacientes. Este sistema aseguraba que quienes tuvieran más recursos contribuyeran en mayor medida, mientras que personas de bajos ingresos podían acceder a servicios de salud cruciales, garantizando que el acceso no dependiera exclusivamente del erario público. Sin embargo, la eliminación de estas cuotas bajo la actual política de gratuidad ha llevado a una crisis financiera sin precedentes; el gobierno ha prometido asumir los costos, pero no ha proporcionado el financiamiento necesario, que según datos del CIEP, se sitúa en un desalentador 2.7% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado a nivel internacional.
Como resultado, los INS han sufrido un estrangulamiento financiero. Las proyecciones para 2025 indican severos recortes presupuestales que impactan en áreas críticas como Pediatría, Nutrición y Cancerología. El gasto por persona sin seguridad social ha decrecido un 24.9%, limitando el acceso a tratamientos y materiales esenciales. Este contexto ha reducido a los INS a meras sombras de lo que fueron: los médicos ya no pueden solicitar a los pacientes que adquieran insumos necesarios, lo que complica gravemente la atención oportuna.
El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez es un claro ejemplo de esta crisis. Su dirección ha comunicados a los médicos sobre la gravedad de la situación, sugiriendo que incluso el área de urgencias podría cerrar ante la falta de anticonvulsivos, diuréticos, insulina y otros insumos esenciales. En abril de 2025, el instituto se quedó sin cultivos para pacientes, priorizando únicamente cirugías urgentes. Con un recorte del 6% en su presupuesto, esta institución emblemática enfrenta retos críticos para mantener la calidad de atención que alguna vez la distinguió a nivel internacional.
El impacto negativo de la austeridad también se extiende a los médicos. Con la responsabilidad de salvar vidas a cuestas, muchos enfrentan un desamparo jurídico creciente. La falta de insumos les impide documentar causas reales en altas de pacientes, exponiéndolos a posibles demandas judiciales. Enfrentar un caso de negligencia en instituciones estatales ha llevado a una proliferación de amparos relacionados con el desabasto, aumentando la presión sobre los profesionales que operan en un entorno de complejidad.
Así, la gratuidad en salud, que en teoría podría ser un avance, se ha convertido en un espejismo bajo la austeridad, y la falta de inversión amenaza con desmantelar un sistema crítico. Las consecuencias de estas políticas son palpables, afectando especialmente a los más vulnerables.
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