La Semana Santa del 2026 fue particularmente desafiante para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Un artículo de The Economist desató olas de críticas al afirmar que la economía mexicana se encontraba “rota”. Aunque ese término podría parecer extremo, la realidad es que el análisis se basa en datos concretos que evidencian la falta de crecimiento del país. La reacción del secretario de Hacienda fue airada, pero la situación continuó complicándose cuando la ONU publicó un informe que arroja luz sobre la crisis de desapariciones forzadas en México, un tema que la administración intenta desmentir con insistencia.
La cruda verdad es que tanto la economía como los derechos humanos en México se enfrentan a condiciones alarmantes. La confianza empresarial, según cifras del INEGI, ha estado por debajo del umbral de los 50 puntos durante trece meses, y ha visto caídas durante veintitrés meses consecutivos. Además, la inversión fija bruta, esencial para medir la capacidad productiva del país, se contrajo un 1.08% en enero, un 2.18% en comparación anual.
Del lado de los derechos humanos, la situación es aún más grave: más de 132,000 personas están desaparecidas, y la impunidad ronda el 99%. Este desolador panorama es capturado en la novela Raíz que no desaparece de Alma Delia Murillo, que refleja el dolor y la lucha de los familiares de las personas desaparecidas en un país donde, a menudo, el dolor se silencia y el gobierno parece ignorar su sufrimiento.
Estos episodios revelan la preocupante manera en que México se relaciona con el resto del mundo, adoptando un enfoque de negación. Recientemente, el excanciller Bernardo Sepúlveda comentó en el programa Blanco y Negro que el país se encuentra aislado internacionalmente por decisión propia. Esto es palpable en la política exterior, donde el gobierno se ha enfocado en dialogar principalmente con regímenes ideológicamente afines, como demuestra el reciente encuentro entre Sheinbaum y el candidato presidencial colombiano Iván Cepeda.
En cuanto al nuevo canciller, su nombramiento ha generado expectativas desmedidas que no parecen justificadas. Si bien nadie se sorprende con la salida del anterior coordinador de la transición de gobierno —quien fue percibido como uno de los miembros más ineficaces del gabinete—, tampoco sorprende su sucesor, cuyo ingreso era conocido de antemano.
El nuevo titular, aunque joven, representa una oportunidad en un área que a menudo se encuentra estancada. Sin embargo, su juventud debe ir acompañada de un mandato claro, algo que no parece estar garantizado. En la tradición diplomática mexicana, es habitual que tanto el canciller como el embajador en Washington sean figuras de confianza del Ejecutivo, aunque no necesariamente del servicio diplomático. Sin embargo, el verdadero reto para el nuevo secretario será administrar la relación bilateral, en vez de conducirla.
La cancillería, en este contexto, parece haber asumido un papel más ornamental que funcional. Aquellos que siguen las dinámicas internacionales saben que el interlocutor principal ahora es el secretario de Seguridad, la persona que realmente tiene la atención de sus contrapartes estadounidenses. Este hecho destaca que la seguridad es el único ámbito en el que el gobierno ha tenido que involucrarse de manera activa y efectiva, a pesar de las tentativas de negar los problemas que enfrenta el país.
Con estos elementos en juego, el escenario es todo menos optimista. La capacidad del gobierno para enfrentar las críticas y abordar las carencias estructurales del país será clave para el futuro. La plena atención a los temas económicos y de derechos humanos no solo es urgente, sino indispensable para restaurar la confianza tanto a nivel nacional como internacional.
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