La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ceuta ha acordado continuar los trámites del procedimiento abreviado para llevar a juicio oral por un presunto delito de prevaricación continuada a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo local, Mabel Deu (PP). Ambas obviaron en agosto de 2021 de forma “grosera” como autora material y cooperadora necesaria, respectivamente, ceñirse a lo prescrito en la Ley de Extranjería para devolver a su país a 55 menores marroquíes no acompañados “cuya vulnerabilidad resulta de esa condición”. Los menores entraron en España durante la crisis fronteriza del 17 y 18 de mayo de 2021.
La jueza ha dado 10 días a la Fiscalía y las acusaciones para que formulen un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan pedir la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para presentar la acusación.
Según el auto comunicado este viernes por la magistrada a las partes, la exdelegada era administrativamente competente para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de niños migrantes solos y “prescindió absolutamente del procedimiento establecido, aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir” a al menos parte de los menores que habían accedido irregularmente a la localidad española en mayo del año pasado. La magistrada entiende, pues, que el procedimiento de repatriación no fue el correcto, entre otros motivos, porque se prescindió de la “preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”.
Deu, que renunció a las competencias de Menores en julio, “se hallaba de acuerdo” con la otra investigada “en proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”, según reza el auto.
El comportamiento de Mateos y la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta ya ha sido reprobado en primera y segunda instancia por la vía de lo contencioso-administrativo. La asociación L’Escola denunció su actuación por la vía de lo penal y la Fiscalía de la ciudad autónoma abrió diligencias de investigación que derivaron en una instrucción tras la que ha resultado indiciariamente constatado que “actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción” de la normativa al respecto y “a sabiendas de la ilegalidad de la actuación, persiguiendo con su arbitraria decisión repatriar colectivamente a los menores migrantes, sin observar ni respetar los derechos de los mismos.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Las dos investigadas “desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor, su derecho a la asistencia letrada y de intérprete. Se prescindió del trámite previo de audiencia del ministerio fiscal y del deber de dictar resolución motivada en que se pondere el interés del menor, conculcando igualmente el derecho al recurso contra la decisión de repatriación, porque lo que ocurrió es que directamente se pasó a la fase de ejecución, que era la finalidad perseguida”.
La jueza añade que, “como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo Hispano-marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y [de las] medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso”. Y cita el caso concreto de tres ellos, aunque al menos son seis los deportados que han conseguido retornar a territorio español.
El Gobierno de Ceuta admitió en agosto que no contaba con ningún documento escrito que informase de forma individual sobre las circunstancias de cada uno de los menores que habían sido devueltos a Marruecos. Según explicó el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que compareció finalmente junto a Mabel Deu, vicepresidenta y consejera con competencias en materia de menores, el criterio que definió qué niños serían repatriados ha sido solo el perfil de vulnerabilidad establecido por los técnicos de la Fundación Samu, responsable del dispositivo de acogida.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
