El pasado 19 de diciembre, el gobierno mexicano divulgó información relacionada con la reducción de la pobreza y la desigualdad, cifras que fueron publicadas por el INEGI y el Banco Mundial. Según estos datos, México habría logrado disminuir la pobreza e incrementar la proporción de la clase media, superando así los resultados de otros países en América Latina.
En términos generales, entre 2018 y 2024, el porcentaje de personas en situación de pobreza se redujo del 35% al 22%, mientras que la población clasificada como clase media aumentó del 27% al 40%. Además, el coeficiente de Gini, un indicador que mide la desigualdad, mejoró entre 2016 y 2024, pasando de 0.46 a 0.42.
Para el Banco Mundial, se considera clase media a quienes ganan más de 17 dólares diarios, lo que equivale a aproximadamente 306 pesos en el tipo de cambio actual. Este ingreso mensual aproximado de 9,180 pesos resulta insuficiente, ya que una canasta básica, que incluye tanto alimentos como productos no alimentarios, se acerca a los 4,700 pesos. Por lo tanto, con ese ingreso, una persona podría adquirir menos de dos canastas al mes.
En cuanto al salario mínimo, este ha incrementado de 123 pesos en 2018 a 278 pesos en 2025, con la expectativa de aumentar a 334 pesos en 2026. Aunque se han celebrado estos avances, es cuestionable si con menos de 10,000 pesos mensuales una familia mexicana, típicamente compuesta por cuatro miembros, puede cubrir realmente sus necesidades básicas. Este aspecto pone en tela de juicio la categoría estadística de “clase media”.
Dos elementos cruciales que se omiten en el análisis presentado el 19 de diciembre destacan una preocupante realidad: el casi nulo crecimiento económico y el incremento de la informalidad en el mercado laboral. Con proyecciones de crecimiento de apenas 0.3% para 2025 y un promedio de 0.8% desde 2018, la economía mexicana ha estancado su dinamismo. Además, el enfoque en empleos formales ha disminuido considerablemente, con 962,000 empleos informales creados en 2025, en contraposición a 442,000 empleos formales perdidos.
Las políticas redistributivas implementadas por el gobierno se apoyan en programas sociales que ya consumen cerca de un billón de pesos. Sin embargo, con un crecimiento económico estancado, la financiación de estos programas requerirá una mayor recaudación tributaria, lo que afecta a las empresas y podría generar un círculo vicioso.
El riesgo asociado con esta situación es la aparición de una crisis fiscal, impulsada por tres factores: las pensiones no contributivas, las pensiones contributivas y el creciente servicio de la deuda. Se anticipa que, al ritmo actual de endeudamiento, la deuda pública podría alcanzar el 60% del PIB para 2027.
A la fecha, el gobierno destina un 3.8% del PIB solo al pago de intereses de la deuda, un número que supera incluso a las remesas, que alcanzan 61,000 millones de dólares y representan el 3.3% del PIB, posicionándose como la segunda fuente de divisas del país. Ante este panorama, el principal desafío para 2026 radica en fomentar un crecimiento económico sostenible; de no lograrse, la estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad podría convertirse en una ilusión, dejando a muchas familias en una situación apremiante.
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