El juicio del caso Perla Negra, en el que están acusados cinco antiguos altos cargos de la Junta de Castilla y León y siete empresarios próximos al PP por el sobrecoste de cerca de 20 millones de euros en la compra, en 2005, de un edificio público en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), encalló este lunes a las dos horas de iniciarse en la Audiencia Provincial. El tribunal suspendió la vista en la primera sesión para decidir si atiende la petición de las defensas de que se devuelva la causa al juzgado de instrucción para que incorpore documentación que no figura en los más de 12.000 folios del sumario y que consideran que beneficia a sus clientes.
En la causa, que comenzó a instruirse en 2013, se investigan delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la Administración o malversación de fondos públicos; y en el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Fernández, para quienes la Fiscalía reclama penas de 11 años de prisión. Ambos eran subordinados del fallecido exvicepresidente regional Tomás Villanueva, fallecido en septiembre de 2017, y al que las pesquisas situaron como máximo responsable de esta trama de corrupción urbanística. Si el juicio sigue adelante, está previsto que el expresidente autonómico Juan Vicente Herrera declare como testigo el próximo 30 de marzo.
En la sesión inicial de este lunes, dedicada a la exposición de cuestiones previas, las defensas han alegado dilaciones indebidas y han reclamado que se incorpore la nueva documentación que no consta en el sumario y que, entienden, puede aclarar si algún hecho atribuido a sus clientes ha prescrito. El tribunal ha dispuesto un total de 23 sesiones para examinar los pormenores de la construcción del edificio que aloja actualmente el Centro de Soluciones Empresariales, dependiente de la Consejería de Economía. El inmueble fue apodado “Perla Negra” por el color de su fachada y en referencia a una película de piratas. En la causa se dirime también la adquisición de unos terrenos en Portillo (Valladolid) para levantar un núcleo empresarial que nunca vio la luz.
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La adquisición de los terrenos en Arroyo de la Encomienda y la ejecución de la obra costó a la empresa pública Gesturcal 60,5 millones de euros frente a los 50 presupuestados inicialmente. Además, esta sociedad pública hizo frente a otros 9,7 millones de euros que correspondían a la promotora, Urban Proyecta PM3 S. L. Algunos de los gastos excesivos se correspondieron con contratos no justificados con Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede nacional del PP y cuyos dirigentes fueron condenados por delito fiscal por la Audiencia Nacional.
El exconsejero de Gesturcal Pablo Trillo, exprocurador del PP en las Cortes, aseguró en fase de instrucción y en una comisión parlamentaria que él apreció “disparatada” la suma y que alertó de ello a Juan Vicente Herrera. Quien fue presidente autonómico entre 2001 y 2019 comparecerá como testigo, lo que le exige decir la verdad sobre qué sabía de las supuestas irregularidades.
La Fiscalía pide también 16 millones de euros de multa a los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado, también salpicado por la trama eólica de corrupción con licencias de molinos, y Begoña Hernández. En la fase de instrucción responsabilizaron a Tomás Villanueva, titular de Economía entre 2003 y 2015 y que falleció en 2017 a los 64 años, poco tiempo después de que Hacienda le investigara 83 cuentas bancarias. Fuentes del proceso creen que la estrategia de Hernández y Delgado consistirá en incriminar a Villanueva. La defensa de Delgado fue quien pidió que testifique el expresidente Herrera.
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El edificio Perla Negra, según la Fiscalía, acarreó a Gesturcal pérdidas de unos 15 millones de euros entre 2009 y 2014. Además, se realizaron supuestamente tasaciones desmedidas sobre el edificio, que permitieron incluir cantidades prohibidas por la normativa “o valorar dos veces los mismos conceptos”. Además, el ministerio público, que pide penas que suman 79 años de cárcel, destaca que el periodo de adjudicación se redujo para beneficiar a Urban Proyecta. Esta empresa se constituyó y adquirió el suelo cinco meses antes de que la Junta decidiera emprender el proyecto. “Tuvo información que solo pudo facilitarse por quien tenía facultad de decisión: Tomás Villanueva o Rafael Delgado”, denunció la Fiscalía, que censuró que el representante del estudio de arquitectura que gestionó el movimiento de Urban confesó que “tenía el pliego de condiciones” antes de publicarse el concurso público.
Urban Proyecta, según la Fiscalía, “sabía que sería la adjudicataria y beneficiaria” porque solo cinco meses antes de iniciarse la operación pagó 12 millones de euros por el terreno cuando el adquiriente previo había desembolsado solo 660.000 euros. La Fiscalía asegura que “el alquiler y la compra del edificio de Soluciones Empresariales a Urban Proyecta parten de la decisión personal de Villanueva y conculcó gravemente la legislación vigente” y se gestionó mediante la empresa pública Gesturcal, aprovechando que Delgado y Hernández presidieron el ente durante distintas etapas. Lo hicieron “disfrazando la adjudicación directa de contratos decididos”.
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