El mercado de la vivienda en México está experimentando un fenómeno preocupante: mientras el costo de las casas sigue elevándose, los salarios reales no logran mantener el ritmo. Este desajuste ha impactado severamente la capacidad de compra de los hogares, especialmente entre los jóvenes menores de 30 años. En este contexto, muchas personas en este grupo de edad se ven forzadas a buscar alternativas como la renta compartida o a postergar la decisión de salir del hogar familiar.
A pesar de esta situación, las estadísticas del año 2025 revelan que el 28% de los créditos hipotecarios otorgados correspondieron a menores de 30 años, en comparación con el 67.3% otorgado a personas de entre 30 y 60 años. El Infonavit, la principal institución de crédito hipotecario en el país, destinó el 35% de sus créditos a este grupo joven, mientras que la banca comercial otorgó el 30.2% a individuos menores de 35 años. En términos de montos, el promedio de los créditos hipotecarios de la banca comercial para menores de 35 años asciende a 2.3 millones de pesos, apenas 200 mil pesos por debajo del promedio nacional. Para menores de 30 años, el Infonavit presentó un promedio de 663 mil pesos, solo 20 mil pesos menos que el promedio nacional del instituto.
Estas cifras podrían dar la impresión de que los jóvenes están logrando un acceso razonable a la vivienda. Sin embargo, la percepción de que carecen de oportunidades radica en la estructura del mercado laboral. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), más de 15 millones de personas ocupadas en el cuarto trimestre de 2025 tenían 30 años o menos, de las cuales 9.2 millones no contaban con acceso a instituciones de seguridad social. Esta carencia excluye a estos jóvenes del Infonavit y dificulta su acceso a créditos hipotecarios en la banca comercial, principalmente por la falta de comprobación formal de ingresos.
Para abordar el problema de acceso a la vivienda entre los jóvenes de manera efectiva, es imperativo que el gobierno federal, en coordinación con instituciones financieras, elabore un esquema de financiamiento habitacional dirigido a quienes no gozan de seguridad social. Este diseño podría incluir mecanismos alternativos para la evaluación de ingresos, como modelos de crédito más flexibles que consideren historiales de pago por concepto de renta, servicios o plataformas digitales. Así se evitaría la dependencia exclusiva de comprobantes formales.
Además, se sugiere implementar esquemas de ahorro previo con incentivos públicos, en los cuales el Estado complemente el ahorro de los jóvenes para facilitar el pago del enganche. También es recomendable aprovechar los programas de garantías existentes para disminuir el riesgo percibido por la banca al otorgar créditos a individuos sin un historial crediticio tradicional, así como fomentar esquemas de renta con opción a compra, especialmente diseñados para aquellos que ya participan en el mercado de alquiler.
En conclusión, es fundamental que la política pública evolucione y tome en cuenta la informalidad laboral como un obstáculo central para el acceso a la vivienda. Solo mediante un enfoque estructural y adaptado a la realidad de los jóvenes, se podrá fomentar un acceso real y sostenible a la vivienda en México.
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