El pasado 9 de mayo de 2026, S&P Global ajustó la perspectiva de la calificación soberana de México, bajándola de estable a negativa. Aunque la calificación permanece en BBB en moneda extranjera y BBB+ en moneda local, la agencia advierte que, en un plazo de dos años, podría haber recortes en estas notas. Las razones son conocidas: un crecimiento económico débil, rigideces fiscales vinculadas a pensiones, así como las problemáticas en Pemex y CFE. Además, persiste la incertidumbre derivada de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Las expectativas sobre una consolidación fiscal han sido poco realistas. El déficit del gobierno al cierre de 2025 se estableció en un 4.8% del PIB, descendiendo del 5.7% en 2024, pero superando el 3.9% proyectado en el Paquete Económico. Se prevé que esta cifra se mantenga igual en 2026. Paralelamente, la deuda neta del país podría aumentar, pasando del 49% al 54% del PIB para 2029. En contraste, la economía apenas creció un 0.8% en 2025, con un aumento de solo 0.2% en el primer trimestre de 2026. En este contexto, la Secretaría de Hacienda rebajó su pronóstico de crecimiento para 2026, de 3% a 2.3%, mientras que S&P Global estima un crecimiento aún más modesto, de 1%.
Para poner en perspectiva la situación actual, hace una década, México contaba con calificaciones de BBB+ por S&P Global y Moody’s, y BBB+ por Fitch Ratings. En la actualidad, estas calificaciones se han deteriorado a BBB, Baa2 y BBB-, representando una pérdida significativa de posiciones. Moody’s ha mantenido una perspectiva negativa desde noviembre de 2025, y Fitch Ratings es la única agencia que mantiene una perspectiva estable, aunque con un BBB- que roza el límite del grado de inversión. Un próximo recorte por parte de Fitch podría llevar al país al grado especulativo.
La distinción entre BBB- y BB+ es crítica; marca la línea que separa la deuda aceptable para grandes inversionistas institucionales de aquella que no lo es. Una pérdida en la calificación podría forzar la salida de capital y encarecer el costo de financiamiento soberano y de Pemex.
El núcleo del problema radica en el magro crecimiento de la economía mexicana. No se trata de una deuda insostenible, ya que México se encuentra por debajo de muchos países desarrollados, sino más bien de la falta de crecimiento. La deuda seguirá aumentando si no hay reformas fiscales, especialmente si el crecimiento de la economía no supera las tasas de interés que se pagan por dicha deuda.
En casi diez años, el PIB per cápita ha permanecido casi igual, estancándose en un nivel sin avances significativos. Entre las múltiples causas que limitan el crecimiento destacan la ausencia de un marco institucional claro que permita a los inversionistas tomar decisiones a largo plazo. A pesar de los esfuerzos desde Palacio Nacional, la inversión privada cayó un 4.4% en 2025 y se contrajo otro 4.5% en enero de 2026, según datos del INEGI, resultado de lo que muchos consideran un “pecado original”: la reforma judicial.
Esta decisión, implementada en la anterior administración y que continúa afectando al actual gobierno, está configurando la primera mitad de su mandato, concretando así las expectativas negativas que se habían anticipado. La falta de certezas jurídicas en el país se ha convertido en un obstáculo fundamental para la economía. A menos que se reconozcan y aborden las raíces de estos problemas, ningún plan de infraestructura o mesa de trabajo será suficiente para revertir la situación. Las advertencias de S&P Global son claras: sin cambios significativos, la situación financiera de México podría deteriorarse aún más.
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