El agente fronterizo Gabriel Ducoing se enfadó, le empujó contra la pared y le dio varias patadas en la parte baja de las piernas, para que las abriera bien. Uno de esos golpes rompió el tornillo de metal que sujetaba el tobillo derecho de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano de 42 años que fue detenido el 28 de mayo de 2010, cuando intentaba cruzar la frontera para llegar a San Diego, California. Allí vivía con su mujer y sus cinco hijos desde hacía 27 años. El dolor y la cojera de Hernández después de esa patada —la primera de muchas— no desaparecerían hasta su muerte, cuatro días más tarde, cuando todavía estaba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha comenzado en San Diego un proceso que juzgará, por primera vez en su historia, a la Patrulla Fronteriza por su historial de violencia contra los migrantes que intentan cruzar al otro lado del Río Bravo. El juicio enfrenta a María de Jesús Puga Moran, mujer de Hernández Rojas, contra el Gobierno de Estados Unidos, después de que los jueces nacionales no impusieran cargos a los agentes que golpearon, humillaron y electrocutaron a Hernández hasta la muerte. También se juzgarán los errores judiciales cometidos: no se presentaron cargos contra los agentes involucrados y hubo intentos de encubrimiento del incidente por parte de las fuerzas del orden público, según los documentos presentados a la Comisión por los abogados de la familia.
“No podemos tener paz, porque sin justicia no hay paz”, dice la viuda conteniendo las lágrimas durante una entrevista telefónica con Columna Digital. Esta frase la repetirá también durante la audiencia, y cada vez que sale de su boca suena menos como un sollozo y más como un grito desesperado, la cara visible de una familia que ha sido devastada por la muerte violenta de Anastasio. “Su madre y su padre se murieron queriendo justicia para su hijo y mis cinco hijos nunca se llegaron a recuperar de la desgracia”, cuenta De Jesús. “Mi hijo de 24 años iba a cumplir 12 años cuando mataron a su padre, y lo mataron a él en vida, vive encerrado y lleno de traumas, y por la noche dice que escucha los gritos de su papá”.
El problema es que la CIDH puede juzgar a Estados Unidos, pero no puede encarcelar o imponer ninguna de sus sentencias, porque ese país no “ha ratificado la convención”, explica Rosanna Altholz, abogada de la familia. Por lo tanto, la Comisión puede emitir un veredicto con recomendaciones sobre las actuaciones pertinentes, pero queda a la voluntad del Gobierno estadounidense el llevar a cabo estas acciones. La familia de Anastasio busca tres resultados: una disculpa pública, la reapertura de la investigación y reformas a las políticas actuales “para terminar con el abuso sistémico”.
“Estados Unidos siempre ha mantenido que sus instituciones son suficientes para proteger a sus ciudadanos, pero ya hemos visto que eso no es posible”, asegura Altholz. Los abusos de la Patrulla Fronteriza están bien documentados por organizaciones como Human Right Watch. “Los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México por la frontera sur enfrentan abusos” al entrar a Estados Unidos, asegura el informe de esta institución, como el uso de balas de goma para repeler a los venezolanos que intentan cruzar o el maltrato que han ejercido a los haitianos que llegaron el pasado julio. Desde 2010, los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras han matado a casi 50 migrantes desarmados y ciudadanos estadounidenses en la frontera entre Estados Unidos y México, según el grupo de abogados de la Universidad de Berkeley, en California, que representan a la familia de Anastasio en este caso.
Hernández, que entonces tenía 42 años, fue detenido en San Diego, donde vivía con su mujer y sus cinco hijos, por supuestamente robar en un supermercado. Dos semanas después le expulsaron de Estados Unidos porque carecía de documentos para permanecer legalmente en Columna Digital, y el 28 de mayo intentó regresar. Le detuvieron de nuevo y le llevaron a la cárcel en Tijuana, en la frontera. Allí, el agente Gabriel Ducoing le ordenó que tirase la botella de agua que llevaba en la mano. Hernández abrió la botella y tiró el agua en la basura. Ducoing se enfadó y fue cuando empujó al detenido a la pared y pateó sus tobillos para que abriera las piernas, le esposó y le encerró en una celda.
Horas después le trasladaron a Whiskey 2, la zona donde llevan a las personas antes de que sean deportadas. Los agentes quitaron las esposas a Hernández y aquí los testimonios de los policías difieren, así como los de los civiles que presenciaban la escena y que empezaron a grabar en vídeo los excesos de los policías. Lo que es seguro es que Anastasio iba cojeando y no tenía capacidad para hacer daño a nadie, pero los policías aseguran que Anastasio se puso violento y trató de golpear a los policías, que sacaron sus bastones de hierro y empezaron a golpear al detenido, que cayó al suelo y fue esposado de nuevo.
“Inmovilizado en el piso, Anastasio gritó pidiendo ayuda en español”, relata el documento basado en los vídeos y en los testimonios de la Patrulla Fronteriza. Los agentes trataron de meter a Anastasio en un vehículo, pero el detenido se negaba, así que lo volvieron a tirar al suelo y, según los testigos, uno de los agentes puso una rodilla en el cuello de Hernández y otra en su espalda. Mientras, el resto de uniformados le pateaba en el cuerpo y la cabeza. En este momento ya había al menos 15 policías rodeando al detenido.
Uno de los agentes interpretó que Anastasio seguía resistiéndose, le disparó su Taser X26 y administró varias descargas. Después le esposaron los tobillos, le quitaron los pantalones y le siguieron golpeando, con la rodilla otra vez sobre su cuello, hasta que Anastasio dejó de moverse. Según las autopsias realizadas por los médicos forenses, Anastasio entró en parada cardíaca y durante ocho minutos dejó de recibir oxígeno al cerebro. Además, certificaron las lesiones en “la mandíbula, la frente, los labios, el abdomen, las manos y la parte baja de las piernas”. Murió días después, en lo que fue descrito por los dos forenses que analizaron el cuerpo como “homicidio”.
Doce años después de la muerte de su marido, María de Jesús sigue buscando lo mismo: “Que pidan perdón, que el Gobierno de Estados Unidos pida perdón y que se haga algo, porque no queremos más familias como la mía. ¿Acaso nunca se preguntaron si a lo mejor tenía una familia esperándole en casa?”.
—¿Ha encontrado alguna respuesta después de todo este tiempo?
—No he encontrado respuestas, solo más casos de otras familias que han pasado por lo mismo. Esperemos que con este juicio haya un cambio.
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