2.354 años de cárcel para el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el que murieron 11 personas, seis de ellos menores de edad, y otras 88 resultaron heridas el 14 de diciembre de 1987. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Columna Digital, la Fiscalía considera a Ternera autor como inductor y cooperador necesario de 99 delitos de asesinato consumado o frustrado al concluir que cuando se cometió el atentado formaba parte del “comité ejecutivo” de ETA que tomó la decisión de colocar el coche bomba que provocó aquella masacre, la tercera con más víctimas mortales de la historia de la organización terrorista.
En marzo del año pasado, cuando compareció por videoconferencia desde París ante el juez Ismael Moreno para que este le informara del auto de procesamiento por estos hechos, Urrutikoetxea negó haber tenido algo que ver con aquel atentado y pidió el archivo de la causa. La Audiencia Nacional lo rechazó y en noviembre decretó la apertura de juicio oral.
No obstante, este tendrá que esperar hasta que Francia, cuya justicia ya ha autorizado la entrega del exjefe etarra por este atentado, lo extradite, lo que no se producirá antes de que Ternera sea juzgado por una causa que tiene pendiente en este país y, en caso de ser condenado, cumpla allí la pena. Urrutikoetxea, que fue detenido en mayo de 2019 en los Alpes franceses, está en libertad vigilada en Francia desde julio de 2020 y desde el pasado mes de agosto, tras ver relajada las medidas de control que se le impusieron, reside en la localidad vascofrancesa de Anglet.
En su escrito, la Fiscalía considera probado que Ternera “perteneció ininterrumpidamente al máximo órgano decisor de ETA” entre 1975 y su primera detención, en enero de 1989, como presunto responsable de los aparatos “internacional” y “político” de la organización terrorista. “Urrutikoetxea ha sido uno de los máximos dirigentes de ETA que se ha mantenido en cabeza de la organización terrorista durante un periodo más dilatado en el tiempo”, recalca el ministerio público. Por ello, concluye que participó, como integrante del “comité ejecutivo” de la banda, en “la decisión de llevar a efecto una acción terrorista de gran envergadura como respuesta a la detención” de otro dirigente de la banda, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, ocurrida el 30 de septiembre de 1987.
La Fiscalía señala que Ternera participó en una reunión “habida en el sur de Francia en fecha no determinada” de aquel año en la que presuntamente se ordenó al denominado comando Argala de ETA, formada por Henri Parot y otros dos ciudadanos franceses, trasladarse a Zaragoza para colocar un coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil. En ese encuentro participaron también los entonces jefes de ETA Francisco Múgica, Pakito, y José María Arregi, Fiti, ya condenados en 2003 por este atentado.
Estos dos últimos fueron los que dieron las instrucciones concretas a los terroristas para montar el artefacto en un vehículo, en lo que sería la primera vez que la banda armada utilizaba este procedimiento y, además, contra un objetivo inédito: una instalación que albergaba a las familias de los agentes. ETA reivindicó aquel atentado solo tres días después de la explosión. Por todo ello, la Fiscalía pide para Ternera 30 años de prisión por asesinato consumado por cada una de las 11 víctimas mortales, y 23 años por asesinato frustrado por cada uno de los 88 heridos.
Ternera se encuentra actualmente en Francia, donde resultó absuelto el pasado septiembre de un delito pertenencia a ETA entre 2011 y 2013 en el primer juicio celebrado contra él tras su arresto de 2019. El histórico dirigente etarra tiene todavía pendiente comparecer ante un tribunal galo para responder a la acusación de “asociación de malhechores con fines terroristas” —equivalente al delito de integración en organización terrorista del Código Penal español— entre diciembre de 2002 (poco después de que pasara a la clandestinidad tras ser citado por el Tribunal Supremo para tomarle declaración por su participación, precisamente, por el atentado de Zaragoza) y mayo de 2005. Se trata de una repetición del juicio celebrado en 2010, cuando fue condenado en ausencia a siete años de cárcel. Hasta que se celebre esta vista, haya sentencia firme y, si es condenado, cumpla la condena no será entregado a la justicia española.
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