El Gobierno de México cierra el cerco sobre el líder de la oposición Ricardo Anaya. Este miércoles a través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado que el excandidato presidencial del PAN, recibió sobornos por 6,8 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética en 2014 y así participó en una trama delictiva cuya finalidad era entregar el patrimonio petrolero mexicano a empresas extranjeras, ya que existe constancia de que sí votó como diputado en favor de la reforma energética.
Tras darse a conocer la acusación de la Fiscalía, el que fuera candidato presidencial en las elecciones de 2018 y posible aspirante de nuevo a las de 2024 por el conservador PAN, ha calificado como una “locura” las acusaciones de la FGR en su contra. En un mensaje en su cuenta de Twitter Anaya ha precisado que cuando fue la supuesta entrega de dinero él tenía seis meses de no ejercer como diputado y ha enfatizado que un voto a favor no es una prueba de soborno.
La dependencia federal dio a conocer que la acusación contra Anaya se sustenta en los testimonios del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y tres testigos más, quienes aseguran haberle enviado o entregado dinero, o haberlo visto en la oficina de la petrolera estatal. Según la versión de la FGR, Ricardo Anaya recibió en la Cámara de Diputados los 6,8 millones de pesos de una persona “de confianza” del propio Lozoya en 2014. En el comunicado también se informa de que se ha judicializado el caso contra el panista, quien está citado para este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para una audiencia en la que la FGR pretende imputarlo por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
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Desde hace un año, la Fiscalía busca un posible delito de sobornos detrás de Anaya y una decena de funcionarios públicos, acusados por el presunto cabecilla de la rama mexicana del caso Odebrecht, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido y convertido en un testigo colaborador clave de esta Administración. Anaya ha denunciado que se trata de una estrategia para eliminarlo de cara a las próximas presidenciales y ha anunciado que saldrá del país.
Su decisión de abandonar México ha agitado el debate sobre la persecución a rivales políticos y las dos varas de medir existentes según el grado de inquina presidencial. Frente a un Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que no ha pisado la cárcel gracias a sus confesiones ante la Fiscalía, a Ricardo Anaya se le imputan delitos que suponen 30 años de prisión.
