Dina Boluarte, la primera presidenta mujer del Perú, ha cumplido este sábado un mes en el cargo. Y aunque ese solo hecho es un acontecimiento para las banderas de la igualdad de género, hay poco o nada que celebrar. Desde que asumió el mando tras la destitución de Pedro Castillo por ser su vicepresidenta, Perú se ha volcado en un estado de protesta permanente, durante el que han perdido la vida 28 personas, en medio de los enfrentamientos con las fuerzas del orden. La Fiscalía General de Perú ha abierto una investigación en contra de Dina Boluarte y de su círculo de poder más cercano: el primer ministro Alberto Otárola; quien lo precedió fugazmente en el cargo, Pedro Angulo; el exministro del Interior César Cervantes y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.
La fiscal general del Estado, Patricia Benavides, ha atendido la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque, que los responsabiliza de estas muertes. Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. “Los denunciados están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares, por lo que las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”, dice el documento interpuesto por Luque. La denuncia debe ser evaluada por la Comisión Permanente del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La denuncia también incluye a los altos mandos policiales, entre ellos, el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza.
A través de algunos vídeos de aficionados se ha podido verificar que algunos de los civiles fallecidos ni siquiera se encontraban en confrontación con las Fuerzas Armadas cuando murieron. Es el caso del ciudadano Edgar Prado, de 51 años, quien murió el quince de diciembre mientras auxiliaba a un herido en la puerta de su casa, en Ayacucho, la región más afectada por la protesta.
Después de una breve tregua por las fiestas de fin de año, los manifestantes se han vuelto a echar a las calles en distintas regiones del Perú para gritar su descontento por un gobierno que consideran ilegítimo y represor. Desde este miércoles se ha puesto en marcha un paro nacional por la sociedad civil, que ha sido acatado por las principales regiones del sur, quienes han bloqueado las vías de transporte. El Congreso peruano aprobó el pasado 20 de diciembre la convocatoria de elecciones para abril de 2024. En la víspera al primer mes de Dina Boluarte, la Policía Nacional detuvo en Lima a un centenar de protestantes.
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