El último gran juicio a la corrupción en la Costa del Sol, con 50 acusados y que se adentra en la financiación irregular que rodeó al Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2008, se ha iniciado con sorpresa. Si ya el volumen del denominado caso Astapa obligó a dividir el procedimiento en diez bloques temáticos, la Fiscalía ha solicitado este lunes que se añada uno nuevo, el undécimo, centrado en el origen de la investigación y las pruebas. Es una forma de abrir la puerta al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien el principal acusado, Antonio Barrientos, exalcalde de Estepona, achaca tener “una clara influencia” sobre los funcionarios policiales que comenzaron la operación, como ha expresado este lunes su abogada, María Gutiérrez, quien ha solicitado la nulidad “de la instrucción en su totalidad”. Todos los letrados que han tenido turno de palabra se han sumado a la petición.
El juicio comenzó con una hora de retraso. No fue fácil organizar a los 40 acusados presentes —el resto estaba conectado por medios telemáticos— a los que se juzga por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Tampoco a sus abogados. No se presentaron las acusaciones particulares —como la del propio Ayuntamiento de Estepona— y apenas hubo público y la presencia mediática se saldó con una docena de profesionales. El tribunal trata de esclarecer responsabilidades en una supuesta trama urdida para infravalorar convenios urbanísticos en Estepona (74.493 habitantes) con el objetivo de la financiación tanto del municipio como de los partidos políticos, además del enriquecimiento personal de los integrantes de la red. Todo ello a principios del siglo XXI, época de los pelotazos en el urbanismo del litoral malagueño que también salpicó a otros municipios de la zona como Marbella, Manilva, Casares o Ronda.
La principal cabeza visible del caso Astapa es Antonio Barrientos. Cuando los fotógrafos entraron en la sala cuatro de la Audiencia Provincial de Málaga, la misma donde se juzgó el caso Malaya, él se levantó para ir al baño. El exregidor, que pasó seis meses en prisión, se aseguró así salir en la imagen. Ha sido uno de los acusados que más ha defendido públicamente su inocencia. La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa. La suya es una de las mayores peticiones de cárcel del caso, junto a las de Pedro López, exgerente de urbanismo del Ayuntamiento de Estepona y Francisco Zamorano, que fue edil de Economía y Hacienda, a los que el Ministerio Fiscal solicita 11 años entre rejas.
El fiscal también ha pedido el sobreseimiento libre respecto a dos acusados por la prescripción de los delitos de cohecho de los que se los acusaba. Es un ejemplo más de la lentitud de la justicia en este caso, cuya primera sesión del juicio ha comenzado 16 años más tarde de que se iniciara la investigación y casi 15 después de que se efectuaran —en junio de 2008— las primeras detenciones. La propia Fiscalía, en su escrito de acusación, reconoció la aplicación de la atenuante de dilación indebida para aquellos acusados que sean condenados.
Fuentes judiciales creen que el caso, que llegó a tener más de un centenar de procesados, acabará diluyéndose debido al tiempo transcurrido desde su inicio y su complejidad. También por la crónica falta de recursos adjudicados a un asunto que cuenta con 128 tomos principales con 351.114 folios y 646 piezas documentales. Para la sentencia habrá que echar mano de paciencia. Si esta semana y la que viene se abordarán las cuestiones previas, la fase de pruebas arrancará el 7 de marzo y se desarrollará, desde ahí, cada lunes, martes y miércoles. Se alargará, como mínimo, hasta el verano.
El volumen del caso y la cantidad de acusados obligó a dividir en diez bloques temáticos el juicio. Los tipos de convenios, las actuaciones urbanísticas, los depósitos bancarios en Suiza y Andorra, los pagos de comisiones o las concesiones municipales son algunos de ellos. Este lunes el fiscal Valentín Bueno ha pedido la inclusión del undécimo: el origen de la investigación.
Su petición es la misma que han reivindicado las defensas en numerosas ocasiones, cuestionando el origen de la investigación y, por ello, piden la nulidad de todo el proceso. Es lo que ha hecho la abogada de Antonio Barrientos, María Gutiérrez, quien ha argumentado durante una hora que solicita esa nulidad por la vulneración de distintos derechos, a lo que se han sumado otros letrados. El de secreto de las comunicaciones —puesto que la letrada entiende que las escuchas policiales se adoptaron sin indicios de criminalidad ni control judicial— o el del derecho defensa al no aceptar el juzgado algunas pruebas, son algunos de los ejemplos ofrecidos por Gutiérrez, quien ha hecho mención en numerosas ocasiones a Villarejo, acusándolo de la “instrumentalización desde el inicio de la investigación policial”.
“Consiguió aquello que pretendía: tener una clara influencia sobre el urbanismo de Estepona y llevar a cabo una manipulación de la instrucción a través de la influencia de los funcionarios de la UDEF [Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional], quienes realizaron los primeros 13 informes de esta operación”, aseguró la letrada a quien el presidente del tribunal, Andrés Rodero, reprendió varias veces. “Lleva usted casi una hora cuando se le pedían 20 minutos, ¡vaya brevedad!”, le espetó la última vez. El juicio continuará mañana.
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