La Fiscalía Anticorrupción y el juez Adolfo Carretero investigan si el comisionista Alberto Luceño, socio de Luis Medina, u otra persona hispanoparlante se encuentra detrás del supuesto empresario asiático San Chin Choon que ha enviado correos electrónicos al juzgado para respaldar la versión de los dos imputados, cercados por estafar supuestamente al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario defectuoso en lo peor de la pandemia. El ministerio público pidió al magistrado activar esta línea de investigación tras descubrir inconsistencias en uno de los emails recibidos: “Presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que, no solo no habla correctamente inglés, sino que tiene el español como lengua materna”, apunta la acusación, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Columna Digital.
Tras recibir la solicitud del ministerio público, el juez abrió una pieza separada que declaró secreta, y ordenó entrar en la empresa y el domicilio de Luceño. Los registros se llevaron a cabo la pasada semana y, según fuentes policiales, se intervino al menos un ordenador.
El juzgado de Instrucción 47 de Madrid, encabezado por Adolfo Carretero, recibió el pasado 22 julio un correo electrónico a nombre de San Chin Choon, donde se adjuntaba un documento con la supuesta declaración prestada ante las autoridades de Malasia por el empresario asiático —representante de Leno, la compañía a través de la que Luceño y Medina adquirieron el material que vendieron al Ayuntamiento de la capital—. En ese archivo se exculpaba a los dos imputados. Pero el magistrado siempre ha cuestionado su autoría. Y, tras analizarlo, el ministerio público concluyó que contiene “muchos aspectos” que “hacen sospechar de su autenticidad”.
En primer lugar, Anticorrupción recalca que el email se envió al juzgado desde una dirección de correo que no coincide con las que San Chin Choon utilizaba, y que constan en el sumario. “Está redactado en inglés y Luceño manifestó en su declaración que San Chin Choon no habla inglés”, añade el ministerio público, antes de enumerar las numerosas “incorrecciones gramaticales” que le llevan a sospechar que lo ha redactado un hispanoparlante. “Aparece el término ‘indenfension’, que no existe en la lengua inglesa (el término correcto podría ser ‘defencelessness’ o ‘’defenselessness’, pero nunca ‘indenfension’ o ni siquiera ‘indefension’, que sería una burda adaptación del término castellano ‘indefensión’”.
“En la respuesta a la pregunta sobre si conoce a Luceño y Medina, dice ‘To Mr. Alberto Luceño yes, to Mr. Medina no’, que vuelve a ser una burda transcripción de la respuesta que se daría en castellano”, continúa la Fiscalía: “Se utiliza la palabra ‘sojabean’, que en inglés tampoco existe”. El ministerio público también “llama la atención” en que, pese a todos los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que constan en el sumario, Luceño “no ha aportado ni un solo mensaje” que corrobore sus conversaciones con San Chin Choon para adquirir el material sanitario, “cuando parece evidente que tuvo que cruzar varios mensajes con él u otros responsables de Leno”.
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Con todas estas sospechas sobre la mesa, a principios de septiembre, la Fiscalía pidió al juez que autorizase los registros para averiguar si conserva en su domicilio o en su empresa “documentos o mensajes” de las operaciones bajo sospecha, que permitan “conocer datos esenciales”: “En particular, sobre los términos en que se pactó el cobro de comisiones con los representantes de la empresa Leno”. En línea con la acusación, el juez también recalca que varias fechas mencionadas en el email recibido a nombre de San Chin Choon se “contradicen con conclusiones de la Policía Científica”.
El juez mantiene imputados a Medina y Luceño por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al primero, además, le atribuye alzamiento de bienes—. La Fiscalía denunció que los dos empresarios engañaron al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y test. “Estos tres contratos, en los que intervinieron Luceño y Medina, constituyen un negocio jurídico criminalizado”, recalcó el instructor en una resolución: “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los tests en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”.
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