La Fiscalía de Madrid ha propuesto este viernes al juez que instruye la causa contra los seis policías nacionales que irrumpieron sin autorización judicial, el 21 de marzo, en un piso de la calle Lagasca de Madrid para poner fin a una fiesta que contravenía las normas del estado de alarma, que archive la causa contra cinco de ellos y solo mantenga como investigado por un presunto delito de allanamiento de morada al subinspector que dirigía el operativo.
En el mismo acto procesal, previo al envío de la causa a la Audiencia Provincial para que sea enjuiciada por un tribunal del jurado, las defensas han pedido el sobreseimiento para todos ellos, mientras la acusación particular, que representa a uno de los participantes en la fiesta que fue detenido aquel día, ha pedido que se mantenga la imputación de todos. Esta última también ha solicitado que se tome declaración como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según detallan fuentes jurídicas presentes.
El acto se ha celebrado después de que el pasado 19 de septiembre el titular del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, Jaime Serret, dictase un auto en el que procesaba a los seis agentes al considerar que había indicios “sólidos” de que la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada. En su resolución, el magistrado concluía que era “incontrovertido” que la noche de aquel día de marzo, poco antes de la una de la madrugada, los policías entraron en el piso tras tirar la puerta con un ariete para detener a los jóvenes que estaban en la fiesta “a pesar de que no tenían ni consentimiento de los moradores, ni autorización judicial”.
En su intervención en la audiencia de este viernes, la Fiscalía ha justificado su petición de sobreseer la causa contra cinco agentes en que estos “actuaron en cumplimiento de una orden de un superior jerárquico” y, por tanto, están eximidos de responsabilidad penal. Sobre el subinspector, el ministerio público ha recalcado que se mantienen los indicios de que entró “sin consentimiento” en el piso y, por tanto, presuntamente cometió un delito de allanamiento de morada.
En su declaración como imputado, el pasado 17 de septiembre, este policía había admitido que la decisión de tirar la puerta abajo fue suya como máximo responsable del operativo. No obstante, durante aquel interrogatorio, el agente recalcó que su intervención estuvo amparada “por la legalidad” y, en concreto, por sendas órdenes internas dictadas por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía en las que se instaba a los agentes a adoptar “todas las medidas necesarias” para que se respetaran las restricciones acordadas por el Gobierno para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus.
La Fiscalía también ha solicitado una batería de pruebas para continuar la instrucción de la causa antes de su envío a juicio que incluye la toma de declaración de, al menos, nueve personas, entre ellas el propietario de la vivienda y una segunda persona que figura en el contrato de alquiler del piso en el que se celebraba la fiesta. También reclama documentación sobre la vivienda y los pagos realizados, y que el Ayuntamiento de Madrid certifique qué personas figuran como empadronadas en la vivienda.
Con ello, el ministerio público pretende aclarar si, como recogían los agentes en sus informes, la vivienda era en realidad un piso turístico que, además, se utilizaba para celebraciones prohibidas por el estado de alarma o la vivienda habitual del joven que presentó la querella, como afirma este. La Abogacía del Estado, que defiende a cuatro de los agentes, destacaba en un reciente recurso que el contrato que este inquilino presentó como prueba de que no era un piso turístico “no está firmado por ninguna de las partes” y sugería que podía “ser un documento creado para su aportación con la querella”.
El ministerio público también pide que testifique el matrimonio que reside en el piso inferior al lugar donde se celebró la fiesta, y que fue el que alertó a la policía de que se estaba celebrando la fiesta, así como cinco de los 14 participantes en la fiesta. En concreto, los que, cuando los agentes entraron en la vivienda, afirmaron que ellos habían querido salir cuando les pidieron que se identificaron, pero que varios de sus compañeros se lo impidieron. Los agentes aseguraron durante su declaración ante el juez que, de las 14 personas que había dentro de la vivienda, varias habían intentado abandonarla, pero que, según se escuchaba a través de la puerta, otros no les dejaban. Los policías añadieron que ellos les llevó a concluir que, además del supuesto delito de desobediencia grave que estarían cometiendo los ocupantes del piso por no querer identificarse, podía estar produciéndose otro de coacciones.
Por su parte, el abogado que representa al querellante, Juan Gonzalo Ospina, ha solicitado que el juez tome declaración a Grande-Marlaska para “acreditar que [el Ministerio del] Interior nunca emitió ninguna orden o autorización previa para irrumpir en domicilios en el escenario de fiestas covid”. También ha solicitado la declaración el representante jurídico y la directora de una academia de preparación para el acceso a la policía, dirigida por la esposa del subinspector, para “conocer el grado y conocimientos jurídicos” de los agentes imputados. Por último, ha pedido abundante documentación sobre los temarios oficiales que estudian los policías durante su paso por la Academia de Ávila antes de jurar el cargo.
Las defensas de los seis agentes, a cuatro de los cuales representa la Abogacía del Estado, han pedido el archivo de la causa para todos ellos, además de adherirse a las peticiones de la Fiscalía y reclamar más documentación sobre el contrato de alquiler de la vivienda. También han solicitado que se reclame a la Policía Nacional los partes elaborados por la oficina del 091 de las llamadas que recibieron de los vecinos alertando de que se celebraba la fiesta en aquel piso. El juez debe pronunciarse en los próximos días sobre todas las diligencias solicitadas y las peticiones de archivo.
