La fiscal general del Estado ha concedido otros seis meses de prórroga a los fiscales que investigan las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I antes de decidir si, finalmente, archivan todas las pesquisas. La última prórroga obtenida finalizaba el próximo 17 de diciembre y el ministerio público preveía dar por terminada la investigación al rey emérito antes de ese plazo y archivarla ante la imposibilidad de atribuirle ningún delito, pero el retraso en el envío de una información solicitada a Suiza ha llevado a los fiscales a solicitar la extensión en el plazo de investigación de una de las tres líneas de investigación abiertas, según han confirmado fuentes fiscales. Estas fuentes señalan que las diligencias prorrogadas son las relativas a dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de Jersey supuestamente vinculado a Juan Carlos I y con fondos no declarados al fisco español. Tras esta prórroga, los investigadores tienen otros seis meses para presentar sus conclusiones, aunque las fuentes consultadas señalan que lo previsible es no apurar ese plazo y, salvo que se encuentre alguna nueva información, cerrar las diligencias.
La decisión de archivar de forma conjunta la investigación iniciada por la Fiscalía del Supremo en junio de 2020 a Juan Carlos I estaba tomada desde hace semanas, pero el retraso en el envío de una información reclamada a Suiza ha cambiado los planes. Los investigadores consideran que en esa documentación, relativa a unos apuntes concretos de los años 2015 y 2016, no va a haber ningún dato que vaya a cambiar el rumbo del caso, pero prefieren esperar a estudiar toda la información antes de dar el paso de archivar. De lo investigado hasta ahora, el equipo encabezado por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, considera que la imposibilidad de perseguir presuntos delitos cometidos por el rey emérito antes de su abdicación, en 2014, las dos regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el anterior jefe de Estado.
Esa decisión pondría fin a dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I. Las pesquisas se iniciaron para indagar el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación del rey emérito en el contrato de las obras del AVE a La Meca a favor de un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación: el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause; y la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en un paraíso fiscal. A esta última, abierta tras recibir una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, se refiere la prórroga concedida este jueves por la fiscal general. Las fuentes consultadas señalan que, en un principio, las posibles irregularidades vinculadas a estos fondos ocultos están prescritas, pero los investigadores quieren cotejar los datos recibidos desde Suiza, que se refieren a los años posteriores a la abdicación de Juan Carlos I y que, por lo tanto, escapan a la inviolabilidad que la Constitución reconoce al jefe de Estado.
La prescripción de los posibles delitos y la inviolabilidad del Rey son dos de las razones que impiden al ministerio público perseguir penalmente las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I. La tercera serían las dos regularizaciones fiscales presentadas por el abogado del rey emérito ante la Agencia Tributaria en diciembre de 2020 (por el dinero no declarado que le donó el empresario mexicano) y en febrero de 2021 (por los regalos de su primo Álvaro de Orleans en forma de viajes en vuelos privados a través de la fundación Zagatka). Tras estudiar la información facilitada por la defensa de Juan Carlos I, los fiscales, según estas fuentes, consideran que cumple los requisitos legales para acogerse al artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización de la situación tributaria “impedirá” perseguir las irregularidades contables cometidas previamente. La ley exige que la regularización se haga antes de que Hacienda notifique “el inicio de actuaciones de comprobación o investigación” o de que la Administración o la justicia realicen actuaciones que permitan al contribuyente tener “conocimiento formal” de la apertura de diligencias. Aunque la Fiscalía informó al abogado del rey emérito de la apertura de cada una de las tres diligencias, el ministerio público considera que esas informaciones no implicaban el “conocimiento formal” que establece la norma, por lo que las regularizaciones pueden darse por buenas.
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