La Fiscalía reclama 223 años de prisión para el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán que dirigieron la instrucción del caso Cursach, la causa que investigó durante años una supuesta trama de connivencia entre la policía local de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, Bartolomé Cursach. La Audiencia Provincial de Baleares absolvió el mes pasado a todos los acusados después de que la Fiscalía retirara al final del juicio todas las acusaciones que pesaban sobre ellos. Ahora, los mismos fiscales reclaman 577 años de cárcel para el exjuez, el exfiscal y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial.
El escrito, de 32 páginas y remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, está firmado por Tomás Herranz y Fernando Bermejo, fiscales de Madrid designados por la fiscalía general del Estado para dirigir la investigación sobre su excolega Subirán y el resto de investigadores. Los fiscales reclaman 110 años de cárcel para Penalva por un delito de revelación de secretos, quince delitos de detención ilegal, dos de obstrucción a la justicia y uno de prevaricación judicial. Para Subirán piden una condena de 113 años y ocho meses de cárcel por los mismos delitos y uno de falso testimonio. Para los cuatro agentes de la Policía Nacional las penas solicitadas van de los 71 a los 102 años de cárcel por un rosario de delitos similares.
El ministerio público también reclama penas de inhabilitación para el juez y el fiscal que superan los 150 años para cada uno, así como el pago de multas que suman alrededor de 100.000 euros para los seis acusados, a quienes también se pide que indemnicen de forma solidaria a quince personas que fueron privadas de libertad en concepto de daños morales. El escrito se suma al que ya presentaron las acusaciones particulares, como la del empresario Bartolomé Cursach, que reclama una condena de 32 años y medio para Penalva y 37 y medio para Subirán.
A lo largo del escrito, los fiscales desgranan las presuntas ilegalidades cometidas por los instructores del caso. Los fiscales mencionan una a una hasta 27 presuntas filtraciones que los investigadores realizaron a medios de comunicación que publicaron la información en forma de noticia. Acusan al exjuez de crear un grupo de watsapp para compartir información sobre la causa que posteriormente terminaba en los medios de comunicación “sin que ninguno de los acusados impidiera o evitara tal divulgación”.
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