La reciente controversia en torno al aterrizaje de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca ha puesto de manifiesto la tensión existente en la relación bilateral en cuestiones de seguridad. Este episodio, lejos de ser un incidente aislado, revela las dinámicas complejas entre México y Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Trump.
Diversos medios habían señalado que el uso del aeropuerto por parte de la Fuerza Aérea estadounidense no es un hecho nuevo; de hecho, el uso del aeródromo de Toluca—en lugar de la base militar de Santa Lucía—se realiza con el consentimiento de las autoridades mexicanas. Sin embargo, las respuestas oficiales ante la controversia fueron rápidamente desmentidas por documentación que surgió desde la Comisión de Marina del Senado. Este cuerpo legislativo se encargó de analizar la solicitud presentada por la secretaria de Gobernación para permitir la entrada de tropas estadounidenses a territorio nacional, donde se contemplaba la participación de un grupo de 19 Navy SEALs y 10 miembros del 7º Grupo de Fuerzas Especiales entre el 19 de enero y el 15 de abril de 2026.
La solicitud fue presentada por la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, el 18 de diciembre, lo que inicia un proceso formal que implica una convocatoria al Pleno del Senado a una sesión extraordinaria, originalmente programada para la primera semana de enero de 2026. Sin embargo, el desarrollo de la situación en Venezuela, que llevó a una intervención estadounidense, terminó por cancelar un programa de intercambio en el que oficiales mexicanos iban a recibir entrenamiento en Camp Shelby, Mississippi.
Este entramado legislativo tomó un giro inesperado cuando no se logró reunir el quórum necesario para discutir el dictamen. Adán Augusto López Hernández, líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, confirmó que, a pesar de la intención de convocar a sesión, la falta de condiciones adecuadas llevó a retirar el asunto del orden del día, dejando la autorización del aterrizaje del C-130 a las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad.
Este consejo, en efecto, dio luz verde al traslado de 39 miembros de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta entidad, que había permanecido relativamente en la sombra hasta marzo del año pasado, operaba en la práctica y se identificaba con las insignias de “SSPC Operaciones Especiales”. Se formalizó su existencia el 1 de diciembre de 2024, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que creó una subsecretaría de Inteligencia en la misma Secretaría.
La filtración del proyecto de dictamen por el priista Manuel Añorve, junto a comunicados de la Comandancia del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, amplificó la polémica, especialmente tras la salida del agregado militar en la embajada de EE. UU. en México, que había permanecido vacante durante la gestión de Kenneth Salazar.
Con este panorama de colaboración que muchos consideran incómodo, se prevé que la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos se llevará a cabo en Washington D.C. a finales de esta semana. México continúa insistiendo en el respeto a su soberanía y en una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida; sin embargo, la situación actual pone en tela de juicio la efectividad de estos principios en la práctica.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
