La gestión de la frontera se complica para la Administración Biden. Un juez federal obligó el martes a Washington a poner fin al polémico Título 42, una medida impuesta por Donald Trump en marzo de 2020 que permite expulsar rápidamente a los inmigrantes que cruzan la frontera. Aunque fue una iniciativa impuesta durante la emergencia sanitaria, la norma fue dejada en vigor por los demócratas tras su llegada a la Casa Blanca porque les permitía un control más sencillo de la inmigración. Esto parece llegar a su fin. El togado Emmet Sullivan consideró que la herramienta ha sido utilizada de forma “arbitraria y caprichosa”, pues sustituye a una política migratoria. La decisión de Sullivan pone en aprietos al Departamento de Seguridad Interior, quien debe reorganizarse para atender a las decenas de miles de solicitantes de asilo o refugio. Todo esto en el año que vio superar los dos millones de aprehensiones, el mayor número registrado nunca en la frontera sur.
La tarde del martes, el Gobierno de Biden interpuso una moción en los tribunales para ganar tiempo. “El retraso de la implementación de la orden permitirá prepararse para una transición ordenada a nuevas políticas de la frontera”, señala un comunicado del Departamento de Seguridad Interior. La institución afirmó que los traficantes de personas intentarán aprovechar la situación para sacar ventaja de los migrantes más vulnerables.
“Esta es una gran victoria, en la que estaba en juego la vida o la muerte”, ha asegurado Lee Gelernt, un abogado de ACLU, la organización de derechos humanos que promovió la demanda. “Usar el Título 42 contra los solicitantes de asilo era inhumano y estaba impulsado puramente por temas políticos. Esperamos que el fallo acabe de una vez por todas con esta política horrible”, asegura la organización en un comunicado.
El Título 42 ha permitido a Estados Unidos expulsar a 2,4 millones de inmigrantes en algo más de dos años y medio. La mayoría de estas deportaciones han sido durante la Administración de Biden, que ha visto un agudo aumento en los flujos migratorios, especialmente de los provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las autoridades a cargo del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (CBP por sus siglas en inglés) informaron que durante octubre procesaron a más de 230.000 migrantes, un aumento de 1,5% con respecto a septiembre. Casi 80.000 de estos fueron expulsados de vuelta a sus países sin oportunidad de exponer sus casos a jueces de inmigración. El fin del Título 42 hará más difícil este tipo de retornos.
La norma, sin embargo, también facilitaba que los migrantes expulsados volvieran a intentar el cruce. Un análisis realizado en septiembre por The Washington Post de aprehensiones (”encuentros” los llaman las autoridades) entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, encontró que 4.000 personas habían intentado cruzar la línea por lo menos 20 ocasiones antes. Un mexicano devuelto a su país en septiembre de aquel año lo intentó 81 veces.
El fallo deja a la Administración con pocas opciones. Sullivan ha impedido al Gobierno bloquear el fin del Título 42, que se había convertido en un objeto de intenso litigio entre organizaciones progresistas, que exigían su fin, y jueces conservadores que pedían extenderlo como forma de control de la frontera. En mayo, por ejemplo, un juez de Luisiana ordenó a Biden continuar con la medida. El Ejecutivo no ha dado señales de que pretenda recurrir a un tribunal superior ni otra instancia para apelar la decisión de Sullivan.
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La Casa Blanca había mostrado interés en poner fin al Título 42. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), anunció en marzo que levantaría la medida a finales de mayo, algo que fue impedido por decisión judicial. Los republicanos se habían mostrado férreamente en contra del fin del Título 42, pues creen que sin él empeorará la situación en la frontera. Más de 20 Estados gobernados por republicanos apoyaban su continuación.
El tema también había movilizado a los demócratas. Varios senadores de alto perfil, entre los que se encontraba el líder de la fracción, Chuck Schumer, habían manifestado a principios de este año su “decepción” de que la Administración diera continuidad a la norma. Pero la medida había obligado a otros senadores de Estados bisagra, en especial a los de Arizona, Mark Kelly y Kyrsten Sinema, a diferir la medida hasta después de las intermedias.
Ahora que los comicios han pasado, el Gobierno ha dado señales de que pretende arrancar con la tarea. El viernes 11 de noviembre, el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas pidió la renuncia de Chris Magnus, el encargado del CBP, quien supervisa las fronteras y la Patrulla Fronteriza. Magnus, un crítico del Título 42, dijo a los medios que no haría caso a las presiones y defendió los logros que ha tenido en el área desde que el Senado lo nombró en diciembre. La negativa se convirtió en un pulso entre Mayorkas y Magnus. El encargado de Seguridad Nacional le dijo que Washington había perdido la confianza en él y que, de no irse, Mayorkas pediría a Biden despedir a Magnus. Un día después, el sábado, este hizo oficial su salida. De momento, su relevo no ha sido anunciado de manera oficial. Quien tome el testigo tiene la responsabilidad de poner orden en una frontera que no tendrá el Título 42.
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