La persona que quiera optar a un puesto de alto funcionario de la Generalitat valenciana (A1 y A2) deberá acreditar a partir de 2025 un nivel medio de conocimiento del valenciano, el C1, lo que se conocía como el mitjà. Si ha superado los dos cursos de Bachillerato con al menos un siete en ambos casos, recibirá de manera automática de la consejería de Educación esa acreditación C1. Solo con aprobar esa asignatura en los cursos citados se obtendrá el nivel B2 (entre el elemental, B1,y el medio, C1), con el que podrá aspirar a los grupos B y C1 del funcionariado. Sucederá lo mismo, en sus distintos niveles, con los opositores a los organismos públicos autonómicos, los consorcios adscritos a la Generalitat, las entidades locales y el personal no docente de las universidades públicas valencianas. El requisito lingüístico no afectará a los funcionarios que ya tienen plaza, pero sí a los interinos que quieran acceder a ella.
Estas son algunas de las principales características del requisito lingüístico que se aplicará en la Comunidad Valenciana en virtud del acuerdo alcanzado entre las consejerías de Justicia, Interior y Administración Pública y la de Educación, Cultura y Deporte, dirigidas por Gabriela Bravo, del PSPV-PSOE, y Raquel Tamarit, de Compromís, respectivamente. Este acuerdo no rige para los aspirantes a las oposiciones de los ámbitos educativo y sanitario. En el primero, el nivel de competencia lingüística es mayor y cuenta con su propia normativa, y en el segundo se mantendrá la actual situación marcada por la normativa de 2017: a los médicos y enfermos, a los sanitarios en general, no se les exigirá el requisito lingüístico, sino que su conocimiento del valenciano será evaluado como un mérito en las oposiciones. Este fue uno de los puntos en conflicto.
El acuerdo será vehiculado a través de sendos decretos de las dos consejerías, cuyas titulares se han mostrado este lunes muy satisfechas de haber llegado a un pacto sobre una materia muy sensible. No en vano, los representantes socialistas y de Compromís en el Gobierno valenciano de coalición (el tercer socio es Unides Podem) llevan enzarzados meses en discusiones. La implementación del requisito lingüístico forma parte del acuerdo entre los socios del Consell. La posición socialista siempre ha sido más laxa o flexible y la de Compromís, más exigente y dura, según las diferentes fuentes consultadas. Finalmente, el modelo valenciano se parece más al impuesto en Galicia que al de Cataluña o Baleares, donde los sanitarios, por ejemplo, sí precisan acreditar un nivel determinado de conocimiento de la lengua autóctona. El pasado año, las Cortes valencianas aprobaron la ley de la Función Pública que incluía el requisito lingüístico, si bien no se desarrolló.
Bravo y Tamarit han defendido este despliegue normativo para garantizar que la ciudadanía pueda escoger la lengua oficial, el castellano o el valenciano, con la que se dirige a los funcionarios, dando cumplimiento al Estatuto de Autonomía. Habrá un periodo transitorio hasta 2025. “Está en juego el derecho de los valencianos a elegir la lengua que quieran”, ha subrayado la titular de Administración, mientras la de Educación ha asegurado que la Comunidad Valenciana estará así “a la altura” de otras autonomías con lengua propia como Galicia. Ambas consejeras se han agradecido mutuamente la voluntad negociadora.
El requisito también se aplicará en las zonas de predominio lingüístico castellano dentro de la Comundiad Valenciana. “Hoy, la excepción lingüística es muy residual”, ha apuntado Tamarit. En Primaria es del 0,2%, en la ESO, del 2% y en Bachillerato, del 1,1%.
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El decreto, que desplegará la consejería de Justicia, Interior y Administración Pública, regulará los grados de capacitación lingüística en valenciano para cada categoría funcionarial “con el fin último de dar un servicio óptimo a la ciudadanía desde las administraciones públicas valencianas”. “De este modo, se equipara la competencia lingüística en ambas lenguas oficiales para la atención al ciudadano y de tramitación administrativa por parte del personal que ejerce la función pública”, apunta la Consejería de Educación.
Los grados de capacitación de cada cuerpo de funcionarios está consensuado. Las personas que concursen para opositar al nivel de funcionarios A1 y A2, es decir, altos funcionarios con estudios universitarios, deberán contar con un nivel C1 de valenciano; las personas aspirantes al grupo B funcionarial deberán tener un nivel B2 de valenciano; las que aspiren al subgrupo C1 deberán contar un nivel de capacitación de valenciano B2, y las del subgrupo C2, con un nivel de valenciano de B1. Finalmente, las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano.
Se prevé que este decreto entre en vigor durante el primer semestre de 2023. Las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen una vez publicado este decreto en el DOGV ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría.
Para los grupos de altos funcionarios A1 y A2, habrá un periodo transitorio y el requisito de nivel C1 de capacitación en valenciano se requerirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la oferta pública de empleo del año 2025. Hasta ese momento, para aspirar a plazas de esta categoría, se les requerirá un nivel B2 de valenciano.
En paralelo, la Consejería de Educación desplegará el decreto que regulará el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo valenciano. La normativa determinará que el alumnado que finalice la ESO cuente con un nivel B1 de valenciano, y que el alumnado que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2 de valenciano.
Cuando el decreto entre en vigor, el alumnado que haya superado alguna de estas etapas educativas contará con las pertinentes acreditaciones en competencias de valenciano. Además, tendrá un carácter retroactivo para todo el alumnado de cursos anteriores que hayan cursado estos estudios y las acreditaciones se podrán solicitar a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Seguirá habiendo una prueba de conocimiento para aquellos opositores que no hayan cursado estudios en la Comunidad Valenciana.
En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso de esta etapa contará con el nivel C1 de valenciano al finalizar esta etapa educativa. En este caso, podrá contar con este nivel de acreditación el alumnado que haya cursado Bachillerato desde el curso 2021-2022.
Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de 2020, en la Comunidad Valenciana hay 146.468 trabajadores en la administración autonómica (49.942 en la provincia de Alicante, 18.604 en la de Castellón y 77.922 en la provincia de Valencia); 55.991 en la administración local (20.291 en la provincia de Alicante, 7.806 en la de Castellón y 27.894 en la provincia de Valencia), y 34.133 en el sector público estatal (9.740 en la provincia de Alicante, 3.843 en la de Castellón y 20.550 en la provincia de Valencia).
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