Primera brecha en el discurso oficial -y que la oposición nunca ha logrado contradecir con pruebas- de que ni un solo euro de la Generalitat sufraga la promoción del independentismo que hace Carles Puigdemont desde Bruselas. Según la actualización del listado de cargos de confianza del Govern catalán, con fecha del 1 de octubre, Miriam Santamaria es asesora del departamento de Vicepresidencia. En Bruselas, sin embargo, le conocen por ser la encargada de vehicular la relación de los medios con el expresident, buscado por la justicia española. El entorno de la periodista defiende que ayuda a Puigdemont en su tiempo libre.
A Santamaria se le pudo ver el pasado fin de semana en Cerdeña, formando parte del equipo que mantenía las relaciones con los medios que cubrían la vistilla del también eurodiputado ante la Corte de Apelación de Sásser, que congeló la petición de entrega internacional cursada por el Tribunal Supremo español. También ha sido la responsable de algunas actividades en la llamada Casa de la República, en Waterloo (Bélgica), o de encuentros con periodistas los días de pleno de la Eurocámara.
Una portavoz de Vicepresidencia de la Generalitat
Aclaró que su asesora para políticas transversales -el cargo de nueva creación que tiene Santamaria- estaba de vacaciones, sin especificar exactamente qué días. El sueldo de Santamaria, es de 66.240 brutos euros anuales. La colaboradora de Puigdemont aterrizó en Vicepresidencia, ahora en manos de Junts per Catalunya, el pasado 1 de agosto. En el mandato pasado también estaba en el organigrama de los cargos eventuales, pero dependiendo de Presidencia. Entonces era coordinadora en proyectos de materia de comunicación, con una retribución de 55.676 euros.
Este diario ha intentado ponerse en contacto con Santamaria, sin éxito. De acuerdo con el decreto de su nombramiento, su función es asesorar directamente al vicepresidente Jordi Puigneró en “tendencias y factores económicos, políticos y sociales que permitan prefigurar escenarios de futuro y proponer actuaciones políticas”. Su puesto de trabajo es la sede del departamento de Políticas Digitales y Territorio, en la avenida barcelonesa de Josep Tarradellas y, por ejemplo, fue la responsable de acompañar a Puigneró a la reunión de la Comisión Bilateral en Madrid, el pasado mes de agosto.
La zona gris entre la colaboración, los derechos políticos individuales y el riesgo a malversar dinero público ya ha afectado anteriormente a los partidos independentistas. Al huir a Bruselas, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017, Puigdemont se puso a trabajar en la confección de su candidatura para las elecciones catalanas. Varios de sus colaboradores más cercanos, entonces altos cargos que no habían sido cesados, viajaron a Bélgica varios días entre semana. La justificación, entonces, fue idéntica: hacían uso de su tiempo libre.
