El aumento de tres pesos a la tarifa del transporte público fue presentado como el principio de una transformación. Se habló de modernizar unidades, mejorar el servicio, fortalecer la supervisión, proteger a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Casi dos meses después, lo único que llegó puntualmente fue el cobro de trece pesos.
Las rutas siguen siendo las mismas, muchas unidades continúan convertidas en verdaderas carcachas y el trato hacia los usuarios no ha mejorado. No se advierte una renovación significativa del parque vehicular, tampoco una capacitación general de los operadores ni una vigilancia permanente de la autoridad. El ciudadano paga 30 por ciento más, pero recibe prácticamente el mismo servicio deficiente.
La gravedad del asunto está en que el propio decreto publicado por el gobierno no autorizó el incremento como un cheque en blanco. Estableció que la aplicación de la nueva tarifa quedaba “estricta e ineludiblemente condicionada” al cumplimiento de la revista mecánica y de las obligaciones jurídicas, técnicas, administrativas y de seguridad. También ordenó a la Coordinación General de Movilidad y Transporte supervisar y hacer cumplir las disposiciones aprobadas. Así quedó asentado oficialmente.
Por tanto, la pregunta es inevitable: ¿cuántas unidades acreditaron verdaderamente la revista mecánica antes de comenzar a cobrar trece pesos? ¿Dónde está el padrón público de vehículos aprobados y rechazados? ¿Cuántas unidades fueron retiradas por representar un peligro? ¿Cuántos concesionarios han sido sancionados? ¿En qué rutas se verificó la modernización prometida?
Si el gobierno no puede responder con cifras, documentos y resultados visibles, entonces el aumento fue entregado sin garantizar la contraprestación ofrecida a la población.
El caso de los adultos mayores es todavía más indignante. El acuerdo establece claramente una tarifa de cinco pesos. Sin embargo, han continuado las denuncias por cobros de ocho y hasta trece pesos, malos tratos y negativas a recogerlos. En Cuernavaca se han documentado quejas contra operadores que inventan restricciones inexistentes o simplemente pasan de largo cuando observan a una persona mayor esperando la ruta. Las denuncias han sido constantes.
La práctica es profundamente abusiva: como el adulto mayor paga menos, algunos choferes prefieren no detenerse. De esa manera obligan a personas de escasos recursos a esperar otra unidad o, en el peor de los casos, a contratar un taxi. El descuento existe en el papel, pero se convierte en castigo en la calle.
El llamado Pase OLIN tampoco puede presentarse como solución general. La promesa inicial fue prácticamente de gratuidad para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Después se reconoció que no había recursos suficientes para cumplirla en esos términos. La propia gobernadora admitió el error de cálculo.
Finalmente se creó un programa limitado a determinados estudiantes de nivel superior, de ciertas instituciones y campus, sujeto a disponibilidad presupuestal. El apoyo es de mil cuarenta pesos bimestrales y no representa una política universal. Las reglas restringen claramente la población beneficiaria. Presentarlo como compensación para todos es, como se dice popularmente, querer venderle chiles en escabeche a Clemente Jacques.
A todo esto se suma el viejo problema de la corrupción administrativa. Transportistas y ciudadanos siguen denunciando coyotaje, intermediarios y trámites que solamente avanzan cuando aparece el dinero. No basta cambiar el nombre de la dependencia si permanecen las mismas prácticas, los mismos operadores informales y la misma opacidad.
El problema ya no corresponde únicamente a los concesionarios. También es responsabilidad de los funcionarios que autorizaron el aumento y después permitieron los incumplimientos. Si los transportistas se burlaron del acuerdo, la autoridad tiene facultades para sancionar, suspender y retirar unidades. Si no lo hace, deja de ser víctima de la burla y se convierte en cómplice de la impunidad.
La gobernadora debe exigir resultados inmediatos a la Coordinación de Movilidad y Transporte. Se necesita publicar la relación de unidades que aprobaron la revista mecánica, retirar las que no cumplan, establecer operativos permanentes, sancionar a quienes nieguen los descuentos y abrir una investigación seria sobre el coyotaje.
Los ciudadanos ya pusieron su parte: desde el primero de julio pagan tres pesos más por cada viaje. Ahora corresponde al gobierno demostrar que tiene autoridad. Porque cobrar más sin mejorar nada no es modernización: es una tomada de pelo.¿No cree usted?. Principio del formulario Final del formulario
